La Contraloría General de la República confirmó una serie de irregularidades que involucran al actual consejero y ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, tras un dictamen que detectó incompatibilidades en el ejercicio simultáneo de funciones públicas y académicas.
De acuerdo con el Dictamen N° D45/2026, el organismo fiscalizador estableció que Navarrete mantuvo de forma paralela un cargo académico en la Universidad de Santiago de Chile mientras ejercía como consejero —y posteriormente presidente— del CPLT, lo que contraviene la normativa vigente sobre probidad e incompatibilidades.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, quien acusó que el consejero omitió declarar dicho vínculo académico en sus declaraciones de intereses y patrimonio correspondientes a 2021 y 2022.
Según detalló la Contraloría, Navarrete cesó automáticamente en su cargo en la Usach al asumir como consejero del CPLT el 21 de diciembre de 2020, debido a que mantenía una jornada de 44 horas semanales. Sin embargo, su nombramiento académico no fue informado oportunamente al ente contralor, lo que impidió detectar la incompatibilidad en su momento.
Posteriormente, en 2024, la universidad modificó su designación, reduciendo su jornada a 11 horas semanales. No obstante, la Contraloría calificó esta decisión como “no ajustada a derecho” y ordenó invalidarla, instruyendo además el cese inmediato del cargo académico.
El dictamen también identificó omisiones en las declaraciones de intereses y patrimonio del consejero, las que posteriormente fueron rectificadas. Estas observaciones derivaron en un apercibimiento formal por parte del organismo fiscalizador, en el marco de las normas sobre probidad administrativa.
En esa línea, Irarrázaval cuestionó el actuar de Navarrete y sostuvo que su permanencia en el cargo afecta la credibilidad institucional. “Cuando quien debe velar por la transparencia incurre en este tipo de situaciones, se compromete gravemente la confianza en la institución”, señaló, agregando que el consejero “debiera renunciar”.
Asimismo, el parlamentario apuntó a eventuales conflictos de interés derivados de la percepción de ingresos en condiciones incompatibles, indicando que habría sido esperable la devolución de dichos recursos, aunque valoró que no podrán seguir percibiéndose a futuro.
Finalmente, la Contraloría instruyó a la Universidad de Santiago informar dentro del plazo legal las medidas adoptadas para dar cumplimiento al dictamen, además de iniciar un procedimiento para determinar posibles infracciones y resguardar el cumplimiento de la normativa de probidad e incompatibilidades en la función pública.
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