Contraloría indaga contrato por $680 millones en el Sótero del Río: empresa era de médico del hospital

La Contraloría General de la República (CGR) anunció el inicio de un sumario y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río, luego de detectar eventuales irregularidades en la contratación de servicios médicos por más de $680 millones con una empresa vinculada a un funcionario del propio recinto.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, el centro asistencial suscribió un contrato por $680.271.966 para la prestación de “servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología” con la sociedad “Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.”.

Sin embargo, la investigación estableció que el principal beneficiario de la firma era un facultativo del hospital, quien mantenía el control de la empresa a través de su participación directa e indirecta.

En detalle, la compañía estaba compuesta por dos socios: el propio funcionario del hospital, con un 8% de participación, y la sociedad “Servicios Médicos Integrados Limitada”, con el 92% restante. No obstante, esta última también estaba integrada mayoritariamente por el mismo profesional, con un 98% de participación, lo que lo posicionaba como dueño efectivo de la empresa contratada.

Desde la Contraloría recordaron que la Ley N°19.886 prohíbe a los organismos del Estado celebrar contratos con su propio personal o con empresas en las que estos tengan participación o sean beneficiarios finales, salvo excepciones debidamente fundadas.

En este caso, el ente fiscalizador advirtió que la resolución que aprobó el contrato no cumplía con ese estándar, ya que no se justificó adecuadamente la excepción. Además, se consignó que el hospital informó que el médico tenía una participación minoritaria (8%), sin considerar su control indirecto de la sociedad.

Según el informe, esta situación “afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso”, por lo que se determinó iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades al interior del recinto asistencial.

La fiscalización en curso buscará esclarecer cómo se aprobó el contrato y si existieron incumplimientos a la normativa vigente en materia de compras públicas.