Cuando restaban pocos días para su arribo al Congreso, la megarreforma del Ejecutivo —redefinida internamente como un proyecto de reactivación económica— comenzó a evidenciar un complejo escenario político. En ese contexto, el Gobierno optó por ajustar su calendario y postergar su ingreso, que inicialmente estaba previsto para esta semana.
Según fuentes de la Secretaría General de la Presidencia, la iniciativa podría presentarse hacia fines de esta semana e incluso ser dada cuenta recién la próxima, lo que en la práctica retrasa el inicio de su discusión legislativa. La decisión responde tanto a razones técnicas como políticas, en medio de un debate que ya genera tensiones.
De acuerdo con información publicada por La Tercera, el aplazamiento fue abordado este lunes en un comité político ampliado en La Moneda, donde participaron ministros y dirigentes oficialistas. En la instancia se les comunicó que el proyecto no ingresará durante estos días y que lo más probable es que se postergue para la próxima semana, debido a ajustes pendientes y a la inquietud que existe sobre su tramitación en el Congreso.
En ese mismo encuentro —añade el citado medio— el Ejecutivo también definió priorizar la agenda de seguridad, particularmente en establecimientos educacionales, tras recientes hechos de violencia. Por ello, se resolvió dar más tiempo al Ministerio de Hacienda para afinar el contenido de la reforma, considerada clave para el programa de gobierno.
La megarreforma, que contempla más de 40 medidas en áreas como tributación, reconstrucción, permisología, educación y seguridad, es la principal apuesta económica del Ejecutivo. Precisamente por su envergadura, en La Moneda optaron por retrasar su ingreso para evitar errores y fortalecer el respaldo político, incluso dentro del propio oficialismo.
En paralelo, el gobierno ha intensificado el trabajo prelegislativo con parlamentarios, en un contexto donde ya han surgido diferencias respecto a su diseño. Entre ellas, la posibilidad de dividir el proyecto, críticas a medidas específicas y la necesidad de esperar definiciones clave, como un informe del Consejo Fiscal Autónomo que podría incidir en el debate.
Debate político y presión por dividir el proyecto
Uno de los principales puntos de conflicto radica en la estructura del proyecto. Desde la oposición han insistido en que las iniciativas deben tramitarse por separado, considerando la diversidad de materias que abordan, que van desde incentivos tributarios hasta medidas de reactivación económica.
Incluso desde el oficialismo han surgido advertencias sobre los riesgos de su tramitación. En la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Paulina Vodanovic (PS) advirtió sobre los efectos de apurar la discusión, alertando que un debate exprés podría afectar la calidad del análisis legislativo.
En ese sentido, señaló que “temas muy importantes y relevantes de corto plazo” podrían quedar relegados “con otros que pueden ser de análisis más profundo”.
En la misma línea, su par del Frente Amplio, Diego Ibáñez, cuestionó el enfoque del proyecto y volvió a instalar críticas respecto de sus beneficiarios.
A su juicio, la iniciativa no logra hacerse cargo de las necesidades de la clase media, advirtiendo que “no solamente mediante la rebaja de impuestos a los que más tienen, sino que justamente atendiendo a medidas que beneficien a las grandes mayorías trabajadoras y a las familias que hoy ven aumentado el costo de la bencina, aumentado el costo de la canasta básica familiar”.
Quiroz mantiene apertura, pero sin cambiar el fondo de la megarreforma
Pese a los cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha optado por mantener una postura abierta al diálogo, aunque sin ceder en el diseño estructural de la iniciativa.
Tras participar en el Comité Político en La Moneda, la autoridad enfatizó que el proceso debe abordarse con cautela, afirmando que “hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo prelegislativo”.
En esa línea, el titular de Hacienda insistió en que el eje de la propuesta se mantendrá intacto durante su discusión, recalcando que “después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, el crecimiento económico de Chile”.
Asimismo, subrayó la importancia de los acuerdos políticos para viabilizar el proyecto, asegurando que “habrá que conversar, todo se arregla conversando”.
Advertencias de bloqueo y llamado al diálogo
Desde la oposición, en tanto, ya se anticipan eventuales obstáculos a la tramitación. El senador independiente Rojo Edwards advirtió sobre la posibilidad de que sectores de izquierda intenten frenar el avance de la megarreforma, apuntando directamente a lo que calificó como maniobras dilatorias.
En esa línea, Edwards acusó que “la izquierda, al parecer, ha intentado o va a intentar maniobras dilatorias, como por ejemplo, que lo vea en muchas comisiones, y eso es una forma de decirle que no al desarrollo económico que Chile necesita”.
Junto con ello, su par de la UDI, Javier Macaya, cuestionó el bajo crecimiento económico del país, señalando que “lamentablemente, nos hemos acostumbrado a una mediocridad de crecimiento de no más de uno y medio, dos puntos, y eso de verdad no es lo que va a ser capaz de derrotar la pobreza”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Agustín Romero, mostró disposición a extender las jornadas de trabajo legislativo con el fin de facilitar el diálogo.
En ese contexto, planteó que “también aprendimos del gobierno pasado algo muy interesante que se puede hacer, que es citar sábados y domingos. Que haya harto diálogo, yo no tengo ningún problema. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo”.
Incertidumbre antes del ingreso de la megarreforma
Aunque el proyecto aún no ingresa formalmente, el debate ya está instalado y marcado por la falta de definiciones clave: no se conocen informes financieros ni estimaciones de recaudación.
En paralelo, persiste la tensión sobre el mecanismo de tramitación. Desde el Partido Republicano han advertido que, si el proyecto se divide, podría perder viabilidad política.
Así, la postergación del ingreso no solo refleja un ajuste en la agenda legislativa del Ejecutivo, sino también la complejidad de una megarreforma que —bajo el nuevo énfasis en la reactivación económica— enfrenta un escenario incierto incluso antes de iniciar su discusión en el Congreso.
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