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RN propone reformar Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tras asesinato de inspectora en Calama. Actual normativa enfoca en reinserción, pero no satisface ante violencia. Propuesta busca penas más duras en delitos graves como homicidio, priorizando gravedad del acto. Se plantea ajustes en edad de imputabilidad y fortalecer coordinación entre entidades.
Tras el asesinato de una inspectora en Calama, RN impulsó una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de endurecer las sanciones para involucrados en delitos graves.
Para la colectividad, la normativa actual no está entregando respuestas proporcionales frente a hechos de alta violencia, especialmente en contextos escolares.
La vigente ley establece un sistema especial para jóvenes entre 14 y 17 años, con sanciones diferenciadas que priorizan la reinserción por sobre el castigo, como libertad asistida, servicios comunitarios y, en los casos más graves, internación en régimen cerrado.
La propuesta de RN en cambio, plantea ampliar las penas en casos como homicidio, restringiendo beneficios y facilitando medidas más gravosas, como la internación provisoria.
También busca que los jueces den mayor peso la gravedad del delito por sobre otros factores, además de evaluar eventuales ajustes en la edad de imputabilidad en situaciones excepcionales.
El jefe de bancada de RN, el diputado Diego Schalper, pidió dar urgencia al proyecto y afirmó que hoy, hay menores de edad que cometen delitos pero sin enfrentar sanciones adecuadas.
RN también cree necesario fortalecer la coordinación entre Fiscalía, Tribunales y Centros de Cumplimiento, a fin de asegurar una aplicación efectiva de las sanciones.
Se suma a esto la intención de complementar las reformas con programas de reinserción más exigentes, especialmente en casos de mayor connotación.
En ese sentido, el senador Andrés Longton dijo que hoy existe un sistema “permisivo” en materia de castigo penal, e insistió en la necesidad de avanzar en una modificación a la normativa.
Desde RN recalcaron que estas modificaciones buscan hacerse cargo de una sensación de impunidad que, a su juicio, se ha instalado frente a delitos graves cometidos por menores.
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