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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El exalcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya, fue condenado a ocho años de cárcel y multa de 960 millones de pesos por fraude al fisco y soborno. La sentencia incluye inhabilidad perpetua para cargos públicos y contratos estatales. La defensa pidió cumplir la pena en Peumo. La Fiscalía y la defensa renunciaron a plazos legales, comenzando el cumplimiento en O’Higgins.

La mañana de este miércoles, el Tribunal de San Fernando dio a conocer la condena en contra del exalcalde de la comuna, Luis Berwart Araya, quien fue sentenciado a ocho años de presidio efectivo por su responsabilidad en delitos de fraude al fisco y soborno.

De acuerdo con lo informado en la audiencia, el exjefe comunal deberá además pagar una multa que asciende a 960 millones de pesos, junto con la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos y para celebrar contratos con el Estado.

En la instancia, la defensa de Berwart solicitó que el cumplimiento de la pena se realice en el recinto penitenciario de Peumo, lo que fue acogido por el tribunal.

Asimismo, tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron a los plazos legales, por lo que la sentencia quedó ejecutoriada, iniciando de forma inmediata su cumplimiento en la región de O’Higgins.

Condenan a 8 años de cárcel a exalcalde de San Fernando

La investigación que derivó en esta condena se remonta a 2021, cuando la Fiscalía formalizó al entonces exalcalde en el marco de una indagatoria por millonarios fraudes al interior del municipio de San Fernando.

Según los antecedentes expuestos en ese momento, se detectaron pagos irregulares a personas fallecidas, además de transferencias a empresas “de papel” sin respaldo de servicios efectivamente prestados.

El Ministerio Público sostuvo que estos mecanismos eran utilizados para desviar recursos fiscales, configurando un esquema sistemático de fraude al fisco durante la administración de Berwart. En esa línea, se apuntó a la existencia de contratos y órdenes de compra que no se condicen con prestaciones reales, lo que generó un perjuicio significativo a las arcas municipales.

La causa también incluyó imputaciones por soborno, en medio de antecedentes que daban cuenta de eventuales beneficios indebidos en el marco de decisiones administrativas.