La diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, acudió a la Contraloría General de la República para solicitar la revisión de la legalidad de una pensión de gracia otorgada por el Ministerio del Interior a Juan Francisco Villalobos Prado, calificado como víctima del estallido social, pese a registrar antecedentes judiciales y a que la causa penal en la que fundó su denuncia fue cerrada sin acusados.
Mediante un oficio dirigido a la contralora general, Dorothy Pérez, la parlamentaria pidió analizar si el beneficio se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.056, normativa que faculta al Presidente de la República a conceder pensiones de gracia de manera excepcional y mediante decreto supremo fundado.
El caso en cuestión corresponde a Villalobos Prado, quien recibió la pensión en 2022 tras ser calificado como víctima por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El beneficiario denunció a funcionarios de Carabineros por detención ilegal, daños físicos y abuso sexual calificado por hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2019.
No obstante, la investigación fue cerrada el 17 de enero de 2025 por el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el Ministerio Público decidiera no perseverar, al no existir imputados en la causa. Además, según se expuso, el denunciante no concurrió en dos oportunidades a pericias fijadas por el Servicio Médico Legal.
Rodríguez también sostuvo que el beneficiario mantenía antecedentes judiciales previos. En junio de 2022 —tres meses antes de que se le otorgara la pensión— se dictó una orden de detención en su contra en una causa por estafa iniciada en 2019, la que fue cerrada en enero de 2024 tras el pago de una caución. Asimismo, registra una condena por hurto en 2008.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, a enero de 2026 la Tesorería General de la República ha desembolsado $7.009.644.357 por concepto de pensiones de gracia a 418 personas beneficiadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019. En particular, Villalobos Prado ha recibido casi 22 millones de pesos ($21.907.724), con un monto mensual cercano a los $694.868.
En ese contexto, la diputada electa afirmó que “el Gobierno del Presidente Boric ha pagado más de 7 mil millones de pesos a 418 pensionados de gracia, supuestas víctimas del estallido social”, cuestionando específicamente el caso de Villalobos y señalando que la causa “terminó cerrándose sin acusados” y que el beneficiario “ni siquiera asistió a las pericias del Servicio Médico Legal”.
Finalmente, Javiera Rodríguez planteó dudas respecto del funcionamiento de la comisión que evalúa estas solicitudes de pensión de gracia y sostuvo que el Ejecutivo debe explicar los criterios utilizados para el otorgamiento de las pensiones de gracia.
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