Una alerta confidencial desde Estados Unidos. Eso fue lo que llevó al Gobierno de Chile a echar pie atrás y anular la resolución que había dado el vamos a la concesión del proyecto de cable subterráneo de la China Mobile International que uniría a Valparaíso con Hong Kong.
De acuerdo a información recabada por Bío Bío Investiga, la iniciativa de la discordia fue tramitada en dos meses. Su camino comenzó el 26 de noviembre, cuando la compañía —a través de su filial chilena CMI Chile SpA— ingresó una solicitud de concesión para servicio intermedio de telecomunicaciones.
Se trata de una autorización que permite instalar, operar y explotar un servicio público de telecomunicaciones, por un plazo de 30 años renovables. Es, en simple, el primer escollo que debía sortear la propuesta, de un total de más de una docena de pasos.
La recomendación
Una vez acogida a trámite, menos de un mes después, el 19 de diciembre de ese mismo año, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), presidida por Claudio Araya San Martín (PC), remitió un oficio con reparos a la solicitud del consorcio. Si bien no está claro cuáles fueron los alcances formulados por el organismo, lo cierto es que CMI contratacó y el 8 de enero envió los ajustes a su proyecto.
Sea como sea, para el 27 de enero de este año, ya todo había quedado dispuesto para dar luz verde a la concesión del cable subterráneo: la Subtel dio su recomendación técnica a la iniciativa, por lo que el ministro Juan Carlos Muñoz firmó digitalmente su autorización.
Según explican desde el Gobierno, si bien el documento ya contaba con la rúbrica del secretario de Estado, no se le dio curso a éste. En simple, no fue enviado a la Contraloría para su toma de razón, quedando pendiente su tramitación.
En todo caso, fuera de micrófono exfuncionarios que conocen al dedillo el funcionamiento de la Subtel sospechan de la rápida tramitación que tuvo el proyecto en el organismo.
“En promedio demoran entre cuatro a seis meses. Tres meses ya es bien expedito”, aseguran. En este caso, demoró menos de 60 días.
El dateo
De acuerdo con información publicada este martes por El Mercurio, el decreto fue anulado dos días después. Según conoció Bío Bío Investiga, la decisión se tomó luego de que —sólo horas después de la firma del documento, ese mismo 27 de enero— emisarios de Estados Unidos tomaron contacto con Guillermo Petersen, el jefe de gabinete del subsecretario Araya.
Quienes conocen de cerca la tramitación del proyecto, sostienen que ambas partes se reunieron en Santiago, ocasión en la que los estadounidenses alertaran “confidencialmente” de los supuestos riesgos del proyecto, basándose en “antecedentes reservados”.
De este modo —explican desde la cartera— el ministro Muñoz tomó la decisión de no dar curso a la aprobación de la concesión, dejarlo sin efecto y reevaluar el proyecto. Asimismo, el secretario de Estado solicitó información a organismos de seguridad chilenos: el Estado Mayor Conjunto (EMCO), la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
Muñoz también le comunicó al Presidente Boric respecto de la alerta recibida por la Casa Blanca. Según explicaron desde La Moneda, el Jefe de Estado “estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto hasta no tener absoluta claridad sobre el alcance” de las alarmas que encendió la Administración Trump.
Hasta ahora se desconoce si EEUU tomó conocimiento de la firma del decreto sólo horas después del trámite realizado por el secretario de Estado, o si la reunión concretada ese mismo día fue una coincidencia.
Los hackeos
Consultada por esta Unidad de Investigación, desde la Embajada de Estados Unidos evitaron profundizar en las reuniones sostenidas con funcionarios del Gobierno chileno y las materias tratadas en éstas.
“Como norma, la embajada no proporciona detalles sobre reuniones que sus diplomáticos sostienen o han sostenido con funcionarios de gobierno. Esto es en cuanto a contenido como a fechas”, explicaron.
Sin embargo, pese al hermetismo norteamericano, fuentes cercanas a las tratativas sostienen que los emisarios de la Casa Blanca alertaron de hackeos orquestados en China que afectaron a empresas chilenas.
La información fue entregada en un documento breve que daba cuenta de ataques informáticos a compañías de telecomunicaciones y a una constructora que habían sido detectados por las agencias de EEUU. Precisamente ese informe es uno de los argumentos utilizados por la administración de Trump para sembrar la duda de una posible alianza con Beijing.
La reunión y las represalias
Sea como sea, para el 29 de enero, es decir 48 horas después, la concesión ya había sido anulada. A la revocación del permiso a la compañía china, siguió una reunión entre el ministro Muñoz y el embajador estadounidense, Brandon Judd. Según quienes conocieron de cerca la cita, en la oportunidad el enviado de la Casa Blanca informó directamente la “preocupación” que tenía la administración de Donald Trump por el proyecto. En la ocasión también planteó posibles sanciones. La respuesta de Muñoz fue que valoraba la información y que ésta será considerada con la “seriedad que amerita”.
Eso sí, Muñoz no le informó a Judd que la aprobación del proyecto había sido anulada en base al “dateo” de la embajada, puesto que estos actos forman parte de la autonomía del Gobierno de Chile.
“No corresponde darle cuentas a gobiernos extranjeros“, dice una fuente en La Moneda.
Pese a todo, el 20 de febrero, el Departamento de Estado del país del norte decidió dar un golpe político y anunció públicamente la revocación de la visa al ministro Muñoz, al subsecretario Araya y al asesor de la Subtel, Guillermo Petersen, el mismo que había solicitado vía e-mail anular la concesión.
En suspenso
Hasta ahora, la concesión se mantiene en stand by, a la espera de lo que informen los organismos de seguridad. De ahí en más, tal como se adelantó, el proyecto debe superar varias otras etapas administrativas frente a varias otras reparticiones públicas.
A saber:
1. Subtel: Permiso de servicio intermedio de Telecomunicaciones.
2. Servicio de Evaluación Ambiental: Consulta de pertinencia de ingreso del Proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Estudio de impacto o evaluación de Impacto).
3. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: Concesión Marítima.
4. SHOA: Autorización para realizar actividades de investigación tecnológica marina.
5. Capitanías de Puerto: Autorización de zarpe e informe de recalada.
6. DIRECTEMAR: Permiso de Ocupación Anticipada (POA) y Permiso de Escasa Importancia (PEI). Para iniciar obras de instalaciones en terreno de playa de manera previa a la total tramitación de la concesión marítima.
7. Dirección de vialidad: Autorización de proyecto de paralelismo y atraviesos en faja fiscal de caminos públicos.
8. Concesionarias eléctricas: Autorización de apoyo en postación existente.
9. Municipalidad: Permiso municipal para trabajos en bien nacional de uso público.
10. SERVIU: Permiso de rotura y reposición de pavimentos dentro de zona urbana.
11. Consejo de Monumentos Nacionales: Autorización de intervención en Zona Típica o Pintoresca o Monumentos Nacionales.
12. Dirección de Obras Municipales: Permiso de edificación.
13. Secretaría Regional MINVU: Permiso de obra preliminar. Para inicio de ejecución de obras básicas de construcción, previo a la total tramitación del permiso de edificación.
Cualquiera de esos pasos, en todo caso, está supeditado a la aprobación de la concesión. De ahí que la iniciativa se mantiene estancada en la Subtel
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