A menos de tres semanas del cambio de gobierno, fijado para el 11 de marzo, los partidos del progresismo ya comenzaron a reordenarse para asumir el nuevo rol de futura oposición.
La transición no solo implica un cambio de posición institucional, sino también una redefinición estratégica respecto de cómo ejercerán la articulación política y la proyección de liderazgo de cara a los próximos cuatro años.
Por ello, las distintas colectividades coinciden en que el desafío será combinar una oposición firme frente al nuevo Ejecutivo con la defensa del legado del actual gobierno.
Uno de los primeros debates que se instala es el tono. Mientras algunos sectores apuestan por ser una oposición “responsable”, abierta a acuerdos en materias prioritarias, otros enfatizan la necesidad de marcar diferencias nítidas desde el inicio.
En esa tensión se jugará buena parte de la identidad que adopte el bloque en esta etapa.
Con respecto a organización, las directivas ya evalúan mecanismos de coordinación permanente, que podrían incluir instancias políticas ampliadas, vocerías compartidas y trabajo legislativo articulado en el Congreso.
La experiencia del oficialismo, marcada por avances, pero también por tensiones internas, es vista como una lección sobre la importancia de ordenar liderazgos y alinear estrategias.
En paralelo, comienza a asomar la discusión sobre la proyección presidencial y la construcción de una eventual nueva coalición.
Si bien en público descartan adelantar ese debate, en privado reconocen que la forma en que se ejerza la oposición será determinante para configurar liderazgos y definir alianzas hacia el próximo ciclo electoral.
Así, la futura oposición enfrenta un doble desafío: ejercer control político al nuevo gobierno y, al mismo tiempo, reconstruir una mayoría social y electoral.
El equilibrio entre crítica, propuesta y cohesión interna marcará el rumbo del progresismo en esta nueva etapa.