La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto conocido como “Ley Alberto”, iniciativa que busca establecer controles preventivos de alcohol y drogas a conductores del transporte remunerado de pasajeros, en respuesta a una serie de accidentes fatales registrados en la región de Valparaíso.
La discusión legislativa se da tras el trágico fallecimiento de Mauro Alberto, estudiante que murió atropellado por un chofer de microbús que posteriormente dio positivo a sustancias ilícitas, hecho que reactivó el debate sobre la responsabilidad de las empresas y la necesidad de mayores controles.
La iniciativa refundió dos mociones parlamentarias. Ambas obligan a las empresas de transporte a realizar test preventivos a sus conductores, aunque difieren en la periodicidad de estos controles.
El diputado Luis Cuello señaló que los proyectos nacen a partir de accidentes con resultado de muerte que afectaron a estudiantes de Valparaíso, quienes fueron víctimas de conductores que manejaban bajo la influencia de drogas como cocaína.
En su propuesta, se plantea que los controles de alcohol y drogas se realicen diariamente en los terminales, impidiendo conducir a quienes arrojen resultados positivos.
El parlamentario advirtió además sobre cifras del Senda regional, que revelan que un 10% de los conductores testeados durante cuatro meses dio positivo a drogas o alcohol, lo que calificó como una señal de alerta para la seguridad vial.
Ley Alberto: Controles semestrales y sanciones a empresas
El segundo proyecto es impulsado por la diputada Carolina Marzán, quien propone controles preventivos semestrales para conductores del transporte público y privado, con la obligación de informar los resultados a la autoridad. La iniciativa contempla multas y sanciones para las empresas que no cumplan con la aplicación de los test.
“Los accidentes ocurridos este año han sido tremendamente dolorosos e impactantes. Es urgente avanzar en narco test y alcohol test a los choferes”, sostuvo la parlamentaria, advirtiendo especial preocupación ante el aumento de desplazamientos durante las fiestas de fin de año.
En la sesión también expuso Luz Infante, secretaria ejecutiva de Conaset, quien alertó sobre el aumento del consumo de drogas en conductores entre 2020 y 2024, especialmente en jóvenes, y su mayor participación en siniestros viales. Según detalló, los accidentes asociados a drogas pasaron de 34 en 2020 a 100 en 2024, mientras que las víctimas fatales aumentaron de seis a 26 en el mismo período.
La comisión fijó como plazo para presentar indicaciones el viernes 2 de enero, y acordó escuchar a diversas instituciones, entre ellas Senda, Carabineros, PDI, Dirección del Trabajo y la Fundación Emilia.
Prisión preventiva para conductores ebrios
En paralelo, la comisión inició el estudio de otro proyecto que modifica la Ley de Tránsito, con el objetivo de imponer prisión preventiva obligatoria a conductores que, bajo los efectos del alcohol o drogas, provoquen lesiones graves o la muerte.
La iniciativa, presentada por la diputada Flor Weisse, busca mantener fuera de circulación por al menos un año a quienes causen daños graves o fatales, estableciendo la prisión preventiva como única medida cautelar durante ese período, mientras se desarrolla la investigación.
El análisis de este proyecto continuará una vez finalizada la votación de la denominada Ley Alberto, considerada por los parlamentarios como un paso clave para prevenir nuevas tragedias en las calles del país.
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