El Senado aprobó en sala el proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad pública. Este avance marca un hito en la tramitación de la iniciativa que busca modernizar y consolidar la institucionalidad de los municipios para la prevención del delito. Así, la propuesta pasa a su tercer trámite legislativo, acercándose a su etapa final.
El proyecto responde a la creciente demanda de los territorios por mayor presencia preventiva. Además, otorga certeza jurídica al trabajo que las municipalidades realizan actualmente en esta área.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la promulgación de esta ley significará un cambio estructural en la forma en que el país enfrenta la prevención del delito. Reconoce además que la cercanía territorial y el conocimiento local son elementos insustituibles en cualquier estrategia integral de seguridad pública.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, resaltó el alcance de la iniciativa. “La Ley de Seguridad Municipal es clave para la gestión municipal, es clave para la disposición de recursos y es clave en la gestión de incivilidades, pero también es muy relevante para la protección de los funcionarios y funcionarias que se dedican a seguridad municipal”, señaló.
Ley de Seguridad Municipal: nuevo marco legal para los municipios
La iniciativa reconoce expresamente el papel fundamental que cumplen las municipalidades en la prevención del delito. Establece un marco jurídico para las labores que sus funcionarios desarrollan día a día.
El proyecto crea por primera vez la figura legal del Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal. Establece requisitos, funciones, atribuciones, prohibiciones y controles específicos para su desempeño. Asimismo, esta regulación incluye labores preventivas autónomas y funciones coadyuvantes a las policías, bajo protocolos definidos.
Un elemento central es el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre municipios, Ministerio Público, Fuerzas de Orden y Gobiernos Regionales. La iniciativa crea el Comité Operativo de Seguridad, liderado por el alcalde o alcaldesa, que integrará al director de Seguridad, Carabineros, PDI y Ministerio Público.
Además, se moderniza la integración del Consejo Comunal de Seguridad Pública y se actualizan los contenidos del Plan Comunal de Seguridad Pública. Este plan incorpora un enfoque de gestión basado en análisis de datos y evidencia delictual.
Coordinación, tecnología y protección
El secretario de Estado también agradeció el acuerdo transversal que permitió sacar adelante este proyecto. “Quiero resaltar que el proyecto no solo ha sido fruto de un trabajo transversal entre el Ejecutivo y, en este caso, de los senadores y senadoras de Gobierno y oposición, sino que no hubiéramos podido llegar a este momento sin el apoyo decidido de los alcaldes y alcaldesas”, puntualizó.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó el rol fundamental de los municipios. “Las demandas ciudadanas en el ámbito de la seguridad llegan en primer lugar a los municipios con una serie de solicitudes que son recogidas en este proyecto, en el ámbito de la protección, el patrullaje, el trabajo preventivo, la fiscalización de ordenanzas, pero también reconociendo el rol de los inspectores de seguridad”, dijo.
El proyecto contempla elementos defensivos y de protección personal para los inspectores de seguridad municipal que desempeñen funciones coadyuvantes. El Ministerio de Seguridad Pública proveerá recursos a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito para aquellas municipalidades que no cuenten con capacidad presupuestaria propia.
Asimismo, se habilita la contratación de personal de seguridad vía Código del Trabajo y se regula la contratación a través de asociaciones municipales de seguridad. Esto amplía las alternativas que tienen los gobiernos locales para estructurar sus equipos preventivos.
Inversión en equipamiento y sistemas contemplada en la ley de Seguridad Municipal
La iniciativa norma el uso de tecnologías de prevención, incluyendo cámaras, drones y sistemas de televigilancia, con resguardo explícito de la privacidad y protección de datos personales. Establece la creación de registros y sistemas de información comunal que se integrarán con plataformas nacionales.
El proyecto cuenta con respaldo financiero a través de la entrega de recursos por más de 5 mil millones de pesos. Estos fondos se destinan principalmente a facilitar la compra de elementos de protección y defensa, y al desarrollo de plataformas tecnológicas de integración de datos.
Los municipios también dispondrán de recursos fortalecidos a través del Royalty Minero. Esta medida busca asegurar la implementación efectiva de las nuevas capacidades y responsabilidades que la ley asigna a los gobiernos locales en materia de seguridad pública.
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