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La CIDH, con sede en Washington, aceptó la denuncia de la exministra chilena Ángela Vivanco contra el Estado por presuntas vulneraciones a sus garantías procesales, especialmente en su salida del Poder Judicial. El Estado debe presentar un informe detallado en 3-4 meses. Vivanco valora que su caso haya sido admitido, confiando en la protección de sus derechos. El escrito, presentado por abogados argentinos, denuncia violaciones a varios derechos fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, resolvió acoger a trámite la denuncia presentada por la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, en contra del Estado chileno.
La presentación apunta a lo que califica como “vulneraciones gravísimas” a sus garantías procesales, tanto en el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Ética y el pleno del máximo tribunal, como en la Acusación Constitucional que enfrentó posteriormente en el Congreso Nacional.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Jorge Meza, firmó la notificación oficial, que obliga al Estado de Chile a entregar un informe detallado sobre los hechos denunciados, en un plazo de tres a cuatro meses. La abogada sostiene que su salida del Poder Judicial no se ajustó a los estándares internacionales de debido proceso.
Vivanco valora tramitación de la CIDH
Vivanco valoró que su caso haya sido admitido a tramitación, considerando que entre un 65% y 70% de las denuncias de esta naturaleza suelen ser rechazadas de plano. “Confío en que ante esta instancia internacional imparcial pueda darse adecuada protección de los derechos que considero afectados”, señaló.
El escrito, ingresado el 10 de abril de este año ante la CIDH —organismo dependiente de la OEA— fue redactado por los abogados argentinos Fernando Toller, Ignacio Boulin Victoria, Lucas Gómez y Fabiola Cantú.
En libelo se denuncia la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, entre ellos:
• Derecho al debido proceso (Art. 8 y XXVI),
• Derecho a la protección judicial (Art. 25.1),
• Derechos políticos (Art. 23.2),
• Derecho a la intimidad y protección de datos (Art. 11),
• Derecho al trabajo (Art. 26 y XIV),
• Principio de legalidad e interpretación razonable de las normas (Art. 9, 29 y 30).
La presentación pone al Estado chileno bajo escrutinio internacional por un proceso que ha sido leído por algunos sectores como una purga interna y por otros como una acción justificada ante conductas cuestionadas al interior del Poder Judicial.
Revisa el escrito, aquí:
