Soldadito narco y lo que ocultan las reformas pospuestas

Entre mis lecturas veraniegas estuvo un libro dramático que relata la vida de un niño y su madre en La Pincoya. Soldadito del narco, escrito por el periodista Matías Sánchez, es una historia real de cómo el narcotráfico y el consumo de drogas pueden matar a un adolescente, a una familia y a una comunidad.

Para quienes hemos sido parte del Estado, entender esta historia desde la perspectiva institucional es igualmente dramático. Porque el Estado es protagonista en esta historia: las policías, los fiscales, las juezas de familia, el municipio, la escuela, los hogares del Sename, los organismos colaboradores, todos fallaron de alguna forma.

Y es una crítica institucional, porque muchas personas tuvieron papeles heroicos. La profesora que sacó adelante a uno de los hermanos, la fiscal que logró desarticular a la banda de delincuentes o el alcalde que finalmente derrumbó el cuartel narco. Todos héroes en cierto sentido, pero partes de una institucionalidad que llegó tarde.

La historia -que recomiendo leer- nos lleva a una discusión más de fondo. La reforma del Estado es más necesaria que nunca. No podemos seguir poniéndole todo el peso a unos pocos héroes anónimos, porque cada vez son menos y más ineficaces.

Además, las instituciones no se construyen sobre personas extraordinarias, sino sobre hábitos, reglas y procedimientos que nos llevan a que las cosas funcionen bien, incluso en ausencia de estos héroes.

Partamos por lo que ya sabemos que está fallando: nuestro sistema de administración del poder. El sistema político pone incentivos perversos al corto plazo y al problema pequeño; las autoridades electas no dependen de la solución de largo plazo; nuestro sistema judicial está en crisis por los acuerdos informales de nombramientos de jueces y notarios -y ni hablar de las relaciones espurias de abogados y jueces-; y nuestra administración del Estado y los funcionarios públicos han perdido la confianza de los ciudadanos y no parecen ser conscientes del riesgo que ello implica para nuestra democracia.

La desconfianza ciudadana en las instituciones no puede desoírse porque no es sólo percepción, es una realidad trágica que aparece en su día a día, con soluciones que llegan tarde o mal.

Hace ya un buen tiempo venimos parchando el Estado, con la esperanza que esos cambios le den más eficacia y legitimidad. La reforma integral o la aproximación a las causas de fondo de los problemas fue evadida por su complejidad política o técnica, creyendo que se podía ir balanceando la carga en el camino.

Ejemplos hay muchos. El sistema de la Alta Dirección Pública ha profesionalizado el Estado, pero no ha logrado consolidar que los niveles técnicos no sufran de alta volatilidad frente a cambios políticos en el gobierno.

La contrata, que era un mecanismo de administración del personal imperfecto pero eficaz, se volvió rígida con la llegada de la “confianza legítima”.

Y los mecanismos de incentivo, como el Programa de Mejoramiento de Gestión, más conocidos como PMGs, y las metas institucionales, se transformaron en sobresueldos que carecen de evaluación ni relación con la satisfacción de la función pública.

Los entrantes ministros del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, grandes personas y políticos, deberán asumir este desafío urgente para poder satisfacer las altas expectativas que se crearon respecto del actual gobierno.

Partir por reformas integrales y costosas a la institucionalidad política, judicial y del empleo público debería estar en el centro del gobierno de emergencia.