La Contraloría Regional Metropolitana levantó siete cargos contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por graves infracciones administrativas previas y posteriores a la denuncia por violación interpuesta por una subalterna.
El organismo notificó a Monsalve el término del sumario administrativo en paralelo a la causa penal que lo mantiene con arresto domiciliario, según reveló La Tercera.
El proceso administrativo reprochó a Monsalve no alertar al Presidente Gabriel Boric y a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre sus salidas con la funcionaria que posteriormente lo denunció. La investigación determinó que estas omisiones y acciones configuraron violaciones al reglamento de funcionarios públicos.
La entonces ministra Tohá —hoy precandidata presidencial— declaró el 25 de noviembre de 2024 que “yo acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del Presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad”. Monsalve ya se encontraba en prisión preventiva cuando Tohá formuló estas declaraciones.
Fue la propia Tohá quien solicitó a la Contraloría cursar el sumario contra Monsalve, tras la renuncia de este el 17 de octubre de 2024. El Gobierno consideró necesario un proceso administrativo independiente, dada la gravedad de los hechos y la existencia de testigos dentro de La Moneda.
Los cargos de Contraloría contra Monsalve
Así las cosas, el contralor regional René Morales notificó a Monsalve el 9 de junio los resultados del sumario. La resolución detalla siete cargos específicos por infracciones cometidas antes y después de la denuncia penal, según consignó el citado medio.
Cabe recordar que Monsalve enfrenta simultáneamente un proceso penal que será reformalizado el 18 de julio, donde arriesga 15 años de cárcel.
El primer cargo calificó como “conducta impropia” el beso que Monsalve dio a la subalterna tras una salida laboral el 1 de septiembre de 2023. Ambas partes coincidieron ante la Fiscalía en el hecho, aunque discreparon sobre su carácter consentido. La Contraloría determinó que esto constituyó una “infracción grave a sus deberes como autoridad“.
Un segundo cargo señaló una “conducta atentatoria contra la dignidad de una subalterna“, vinculada a la salida al restaurante Ají Seco Místico que culminó en el hotel de Monsalve. La Contraloría estableció que los testimonios recabados —incluyendo relatos de testigos indirectos— demostraron que la situación afectó directamente a la funcionaria bajo su mando.
Ocultamiento de información y uso indebido de recursos
El tercer cargo acusó a Monsalve de “no informar oportunamente” a la ministra Tohá y al Presidente Boric sobre los incidentes con la subalterna. Se le reprochó especialmente haber ocultado estos hechos pese a dirigir la repartición involucrada, información que ambos supieron solo tras iniciarse la investigación penal.
Un cuarto cargo surgió por no utilizar su escolta policial el 22 de septiembre de 2023, día en que liberó a los policías de su custodia. La Contraloría rechazó su argumento de que era una práctica habitual los fines de semana, considerándolo una grave infracción funcional.
El quinto cargo lo imputó por invocar maliciosamente la Ley de Inteligencia. Esto a raíz de que Monsalve contactó a la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, para revisar cámaras de seguridad tras la denuncia, alegando que lo habrían drogado durante los hechos del 22 de septiembre.
Hostigamiento y conclusión del proceso
Los cargos seis y siete se relacionan con hostigamiento a la denunciante. Se comprobó que Monsalve avaló que detectives le enviaran un sándwich simulando un delivery para monitorear su estado, y que la llamó reiteradamente pese a conocer su licencia médica.
La Contraloría cerró el sumario con estas siete imputaciones, mientras Monsalve continúa su arresto domiciliario en Viña del Mar. El exsubsecretario deberá responder administrativamente por estas infracciones, además de enfrentar la reformalización penal del próximo 18 de julio.
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