Comisión mixta de Ley de Fraccionamiento busca zanjar polémica por merluza común tras datos erróneos

Durante esta tarde de martes, la comisión mixta de Ley de Fraccionamiento ha estado trabajando para buscar un acuerdo que de sostenibilidad económica al proyecto, pero sobre todo, una salida para la controversia por las cuotas de extracción de la merluza común.

Tal como se adelantó esta mañana, parlamentarios oficialistas comunicaron que no darán la unanimidad para volver a abrir el debate. Esto, tras la polémica por los datos erróneos entregados por el gobierno.

Ya antes del inicio de la sesión, los diputados Jorge Brito (FA) y Matías Ramírez (PC) junto al senador Daniel Núñez (PC) habían anunciado que, para ellos, abrir la discusión pone en peligro la cuota conseguida para la pesca artesanal, de un 52%.

En tanto, al igual que la semana pasada, fue el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, quien planteó que sería “ideal” que se repita la votación, pero agregando que como gobierno no en condiciones de exigirlo.

El diputado Jorge Brito, quien fue presidente de la comisión de Pesca durante el trámite en la Cámara Baja, dijo que la preocupación de los pescadores artesanales era un factor clave en su postura, apuntando que el fraccionamiento del 48% para los industriales y el 52% para los artesanales ya está zanjado.

Ley de Fraccionamiento

Por su parte, la oposición calificó como “irreparable” el daño que causó a la tramitación del proyecto, que el gobierno entregara antecedentes desactualizados sobre la merluza extraída por los industriales el año 2024.

El más duro, sin duda, fue el diputado UDI del Bío Bío, Sergio Bobadilla, quien también acusó al oficialismo de entregar información “falsa” y declaró “interlocutores no válidos”, tanto al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, Julio Salas.

El parlamentario gremialista dijo que “por dignidad política”, ambos deberían renunciar a sus cargos. A la vez, emplazó al gobierno a hacerse cargo con una propuesta nueva para la merluza común.

Tras la interpelación de Bobadilla, tomó la palabra el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien por primera vez se refirió al error.

Salas, tal como lo hiciera su subrogante Javier Rivera este lunes, explicó que el dato de las toneladas de extracción de los industriales era de septiembre de 2024, momento en que se comenzó a tramitar la iniciativa. Al tratarse de un índice anual, el dato correcto que debió entregarse debió corresponder a diciembre.

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, planteó la posibilidad de reabrir el debate de esta importante pesquería, pero no para modificar la repartición actual, sino que para ver un efecto gradual en la industria, que permita amortiguar la eventual pérdida de empleo.

En tanto, el senador socialista Gastón Saavedra dijo que no es solo PacificBlue la empresa que está en peligro en el Bío Bío y que se podrían perder un máximo de 15 mil empleos.

También desde el PS, la diputada Daniella Cicardini matizó apuntando que la pesca artesanal emplea a más personas y también a más mujeres que la pesca industrial, y que no se puede desconocer el beneficio para 105 mil trabajadores, de los cuales 35 mil serían mujeres.

Desde el Senado, el socialista Fidel Espinoza confirmó que se buscará que la merluza común sea votada por separado, para que pueda buscarse un nuevo entendimiento entre ambas salas del Congreso Nacional.

El problema que detectan en el Congreso es que aseguran que el proyecto tiene un artículo transitorio que deja sin efecto el fraccionamiento de la ley de pesca actual, una vez termine el trámite de esta iniciativa.

Es así como el dilema que tendría el oficialismo si las oposiciones logran rechazar -en al menos una de las dos cámaras- la merluza común, es el siguiente: O ingresan un veto presidencial que agregue con una nueva propuesta la repartición del recurso marino, o ingresan una ley corta de la merluza con ese guarismo acordado entre todas las partes.

En la oposición dicen preferir que vuelva a la cifra original del proyecto, que entregaba el 57% a los industriales y 43% a los artesanales, mientras que en el oficialismo quieren ceder lo menos posible lo ya conseguido por los artesanales.