Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados expresó su "profunda preocupación" por el recorte presupuestario de $17 mil millones al Poder Judicial, medida incluida en el recorte de gastos de la administración del presidente Gabriel Boric por el orden de los 544 mil millones este año. Este recorte afectará al estamento y al Ministerio Público para el 2025, en medio de la crisis de seguridad que vive el país. En un comunicado, manifestaron que esta rebaja presupuestaria tendrá graves implicancias en el funcionamiento de los tribunales, la administración de justicia y el acceso de la ciudadanía a un derecho fundamental, poniendo en riesgo la capacidad de la institución de cumplir con sus responsabilidades eficientemente. Asimismo, llamaron al Gobierno, al Congreso Nacional y a la ciudadanía a reflexionar sobre las consecuencias que tendrá para la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones del Estado.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados expresó su “profunda preocupación” frente al recorte presupuestario de $17 mil millones al Poder Judicial.
Y es que el Gobierno ha recibido críticas transversales luego del recorte anunciado y que afectará, entre otros, al estamento y al Ministerio Público para el 2025, en medio de la crisis de seguridad que vive el país.
Se trata de una medida incluida dentro del recorte de gastos que llevará adelante la administración del presidente Gabriel Boric durante este año, del orden de los 544 mil millones.
“Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la reciente decisión de realizar una rebaja presupuestaria de 17.000 millones de pesos a nuestra institución, medida que tendrá graves implicancias en el funcionamiento de los tribunales, la administración de justicia y el acceso de la ciudadanía a un derecho fundamental”, declararon mediante un comunicado.
Además, agregaron que “el Poder Judicial es una institución clave en la democracia, cuyo rol consiste en garantizar la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas”.
“Sin embargo, esta reducción presupuestaria pone en riesgo nuestra capacidad de cumplir con estas responsabilidades de manera eficiente y oportuna”, sostienen.
De igual manera, hicieron un llamado urgente al Gobierno, al Congreso Nacional y a la ciudadanía, “a reflexionar sobre esta decisión, considerando las consecuencias que tendrá para la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones del Estado“.
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