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La ministra Antonia Orellana y la directora nacional del Senameg, Priscilla Carrasco, comparecieron ante la comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados para abordar la destitución de Isabel Amor como Directora del Senameg en Los Ríos, sus explicaciones generaron críticas de las diputadas de oposición por falta de claridad. La diputada Paula Labra (RN) cuestionó la evasión de respuestas de las autoridades, señalando que no se aclararon los motivos exactos de la pérdida de confianza en Amor. Por su parte, la diputada Carla Morales (RN) coincidió en que las autoridades no ofrecieron respuestas técnicas y expresó preocupación por las posibles implicaciones legales y costos para el Estado en caso de judicialización del despido.
En la reciente sesión de la comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, la ministra Antonia Orellana y la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, estuvieron presentes para aclarar la bullada destitución de Isabel Amor del cargo de Directora del Senameg en Los Ríos.
En la instancia, las explicaciones al respecto generaron críticas de diputadas de oposición, quienes apuntaron a una falta de claridad y ambiguedad de las autoridades.
Una de ellas fue Paula Labra (RN), quien expresó su inconformidad con la poca contundencia de las respuestas, señalando que tanto Orellana como Carrasco “derechamente vinieron a no decir nada y evadieron todas y cada una de las preguntas que le hizo la comisión”.
“Se remitieron únicamente a un oficio que le enviaron a la comisión de Derechos Humanos y que además no daba cuenta de la cronología exacta en la cual sucedieron los hechos. Tampoco fueron capaces de levantar e informar la cronología en la comisión“, manifestó.
“Nunca quedó claro, pese a las reiteradas preguntas, cuáles fueron los reales motivos que hicieron que Isabel Amor perdiera la confianza”, emplazó.
Palabras que fueron compartidas por la diputada Carla Morales (RN), quien coincidió con su compañera de bancada al comentar que las autoridades “evadieron absolutamente las preguntas” y “no dieron ninguna respuesta técnica con respecto a la pérdida de confianza”.
“Una vez más un gobierno que se dice llamar feminista tiene malas prácticas con respecto a una funcionaria desvinculada”, concluyó Morales, haciendo hincapié en los costos que puede significar para el Estado la judicialización del caso, y en último término, “eventuales indemnizaciones por despido injustificado”.
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