El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sesionó en Arica para analizar el caso de los conscriptos de Putre.
La reunión, que lideró la directora del INDH, Consuelo Contreras, se desarrolló en la víspera de la audiencia donde el Juzgado de Garantía resolverá si la causa se mantiene en tribunales civiles.
El fiscal regional, Mario Carrera Guerrero, expuso ante los consejeros, dado que el Ministerio Público indaga los tratos crueles que sufrieron jóvenes que hacían el servicio militar en una brigada del Ejército en Putre.
Por primera vez en el año, los consejeros viajaron al norte, con el propósito de realizar su sesión ordinaria 789. Esta se verificó en el campus Saucache de la Universidad de Tarapacá y se extendió desde el mediodía hasta pasadas las 18 horas.
Junto a la directora estuvieron los consejeros Juan Carlos Cayo, Beatriz Corvo, Sebastián Donoso, Haydee Oberreuter, Paula Salvo, Francisco Ugás, Constanza Valdés y Lieta Vivaldi. Mientras que de manera remota asistieron los consejeros Ignacio Covarrubias y Cristian Pertuzé.
La directora del INDH explicó que “el consejo tomó la decisión de sesionar en la ciudad de Arica como una señal de la importancia que le damos a la grave situación vivida por un grupo de conscriptos. Esta resultó en el fallecimiento de uno y la grave situación de salud de al menos otros dos conscriptos en Putre”.
Contreras insistió en que se trata de una “situación que preocupa por varios motivos, entre ellos que estos jóvenes decidieron voluntariamente ingresar al Ejército para proteger a su país y demostrar su interés por este”.
Caso conscriptos
Además, Contreras insistió en que los jóvenes, que eran parte de un contingente de 250 conscriptos en la Brigada 24 Huamachuco, se encontraban “bajo la custodia del Estado”.
“Tenemos la convicción que vivieron graves violaciones a los derechos humanos. Cuando le preguntan al instituto si los carabineros y los militares tienen derechos humanos, mi respuesta es que sí. Sí, tienen derechos y estos jóvenes siendo militares vivieron una grave violación a los suyos”, añadió la directora del INDH.
Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, Contreras insistió en que el caso se debe mantener en los tribunales civiles.
Al respecto, el instituto presentó una querella por apremios ilegítimos al Juzgado de Garantía de Arica, y ahí pidió la realización de una serie de peritajes como el Protocolo de Estambul, un manual de Naciones Unidas que permite verificar indicios de tortura en el caso como el ocurrido en la unidad del Ejército en Putre.
El Juzgado de Garantía de Arica fijó para este martes 14, a las 8:30 horas, la audiencia para resolver la competencia en esta causa.
“Tiene que haber justicia y justicia civil”, reiteró la directora del INDH.
Recalcando que “es un delito cometido contra estos jóvenes. El Estado de Chile ya tiene sanciones del sistema interamericano de justicia por haber utilizado la justicia militar en casos que no corresponden. Si el caso es visto por la justicia militar, el Estado será sancionado nuevamente por el sistema interamericano de DD.HH.”.
Caso Palamara Iribarne
De esta manera, Contreras aludió al caso Palamara Iribarne, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió contra Chile en 2005.
En ese entonces se sentenció a Chile a adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a estándares internacionales sobre jurisdicción militar, y que esta se limite al conocimiento de delitos de función.
La Corte dictaminó que el Estado debía modificar la estructura de la justicia militar y así garantizar su imparcialidad e independencia. Ello no ha ocurrido, señalaron desde el INDH.
La directora dijo que “aquí se cometió un delito establecido en el Código Penal. Cuando un ciudadano comete un delito establecido en el Código Penal, debe ser la justicia ordinaria quien vea esta causa (…)”.
Fiscal Regional
El fiscal regional Mario Carrera agradeció que el Consejo del INDH sesionara en Arica. Además, el persecutor dijo que por el caso conscriptos existen en la actualidad dos querellas. “Una presentada por el INDH y otra presentada por la madre de Franco (Vargas). Ambas se presentaron en la justicia ordinaria y, por tanto, es obligación del Ministerio Público abrir una investigación, asignar un fiscal y esperar la discusión sobre la competencia”, detalló.
Además, Carrera dio a conocer que en ambas querellas “se pide que se inhiba la justicia militar para seguir conociendo del asunto. Esto se debatirá en el tribunal de garantía y para lo que se resuelva queda la instancia ante la Corte Suprema, que me parece será la que en definitiva resuelva el asunto”.
Junto con eso, recordó que “tenemos los argumentos vinculados a derechos humanos, al delito de tortura y al delito de apremios ilegítimos, que tienen que ver como una forma de cómo aplicamos los tratados internacionales a nuestra legislación interna”.
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