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Hoy a las 08:30 horas se llevará a cabo la audiencia de competencia inhibitoria en el Juzgado de Garantía de Arica, solicitada por la ministra Jenny Book, presidenta de la Corte Marcial, que busca trasladar el caso de los conscriptos por apremios ilegítimos a la Justicia Militar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos argumenta que el caso debería permanecer en la jurisdicción civil por tratarse de violaciones a los Derechos Humanos. La directora del INDH, Consuelo Contreras, advierte sobre posibles sanciones internacionales si el caso va a la Justicia Militar. Abogados especializados en Derechos Humanos como Karinna Fernández opinan que llevar el caso a la Justicia Militar vulneraría los Derechos Humanos de los conscriptos. Mientras tanto, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se abstiene de opinar sobre qué tribunal debería ver el caso. Por otro lado, el Ministerio Público ha asignado al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para investigar la muerte del conscripto Franco Vargas.

El Juzgado de Garantía de Arica revisará esta mañana si es competencia de la Justicia Civil o los tribunales militares el caso de los conscriptos de Putre, en una audiencia de competencia inhibitoria en la que se espera participen el Ministerio Público, las defensas, la parte querellante y la Fiscalía Militar. Según la ministra en visita, Jenny Book, la causa debe ser asumida por la Justicia Militar, mientras que el INDH espera que se mantenga en sede civil, al tratarse de violaciones a los Derechos Humanos.

A las 08:30 horas de esta mañana está programada la audiencia de competencia inhibitoria que tendrá lugar en el Juzgado de Garantía de Arica, luego de la solicitud ingresada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, en la requirió la inhabilitación del tribunal civil al considerar que el caso debe ser investigado por la Justicia Militar.

El requerimiento ha generado una disputa legal, ya que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso de los conscriptos por el delito de apremios ilegítimos, la causa debería permanecer en jurisdicción civil, ya que se trataría de violaciones a los Derechos Humanos.

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La directora del INDH, Consuelo Contreras, alertó que el Estado chileno podría verse afectado por sanciones de tribunales internacionales al quebrantar tratados relativos a la protección de los Derechos Humanos, en caso de que el caso sea visto por la Justicia Militar.

Según la abogada especializada en Derechos Humanos, Karinna Fernández, si la causa de los conscriptos es asumida por la Justicia Militar se vulnerarían nuevamente sus Derechos Humanos.

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El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, prefirió no abordar la discusión sobre qué tribunales deben revisar el caso, sosteniendo que corresponde a una decisión de un juzgado de Garantía.

El Ministerio Público ya designó al persecutor encargado de liderar la investigación en relación con la muerte del conscripto Franco Vargas, recayendo la indagatoria en el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.