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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la medida prejudicial precautoria innominada solicitada por la defensa del General de Carabineros, Ricardo Yáñez, para paralizar la tramitación del caso Alto Mando, donde se le investiga por su rol durante el "estallido social" entre octubre de 2019 y marzo de 2020. La solicitud buscaba impugnar la competencia del Ministerio Público, argumentando la falta de claridad en los cargos y la posible creación de un tipo penal. A pesar de los intentos de suspender la formalización, la corte determinó que los cuestionamientos apuntaban al fondo del caso y no justificaban la medida. Por otro lado, el abogado querellante Luis Mariano Rendón criticó la estrategia de Yáñez y lo consideró inhabilitado para liderar Carabineros, alegando que intentó retrasar la justicia aprovechando situaciones como el asesinato de tres carabineros en Cañete.

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La defensa del General de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentó un revés legal tras el rechazo de la medida prejudicial precautoria innominada para la paralización del caso Alto Mando.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la medida prejudicial precautoria innominada que buscaba suspender la tramitación del caso Alto Mando. La solicitud fue presentada por la defensa del General de Carabineros, Ricardo Yáñez.

El abogado Jorge Martínez Cornejo, representante del general Yáñez, había solicitado la medida con el objetivo de ejercer una acción de nulidad de derecho público contra el Ministerio Público, alegando que este último actuó fuera de sus competencias constitucionales y legales.

En esa línea, el jurista argumentó que su cliente, durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, ejerció funciones como General Inspector a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, periodo en el que tuvieron lugar los hechos conocidos como “estallido social“.

Según la defensa, un grupo de abogados presentó querellas contra todos los responsables de los delitos de apremios ilegítimos, previstos y sancionados en el artículo 150 letra D del Código Penal, y cualquier otro delito derivado de las lesiones sufridas por manifestantes entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Defensa buscaba la suspensión

El libelo de la defensa sostiene que, a pesar de tres años de investigación, la Fiscalía nunca ha explicado ni detallado los cargos claros, precisos y determinados por los cuales está investigando a su representado. Esta situación cobraría relevancia con la formalización, que constituye el acto cuya nulidad se solicitará por haberse ejercido fuera de las competencias constitucionales y legales.

Así las cosas, Martínez Cornejo acusa que la formalización que pretende llevar adelante se refiere a hechos que no serían constitutivos de delito, puesto que se estaría agregando una forma de participación que no existe en el derecho penal nacional común. Añade que el Ministerio Público está creando un tipo penal.

Ante la proximidad de la audiencia de formalización que estaba fijada para el 7 de mayo, la defensa pidió que se decrete la medida cautelar precautoria innominada de paralización o suspensión de la tramitación de la causa penal en referencia.

Sin embargo, el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, sostuvo que “los cuestionamientos que el solicitante formula al proceder del Ministerio Público son materias que escapan a la naturaleza misma de una medida prejudicial innominada, ya que los reparos apuntan al fondo de la acción que se va a intentar”.

Querellante en picada contra general Yáñez

Al conocer la resolución, el abogado querellante en contra de Yáñez, Luis Mariano Rendón, manifestó que “esta resolución es una nueva prueba de que jamás existió ningún argumento jurídico válido para suspender la formalización del General Director de Carabineros“. Todos y cada uno de los recursos presentados con tal fin fueron rechazados. Solo pudieron lograr posponer la audiencia, aprovechando la conmoción del país por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, gracias a la manipulación del Ministerio Público, con la evidente venía gubernativa”.

“En mi opinión, toda esta guerrilla judicial fracasada que desató el general Yáñez lo dejan más que inhabilitado para seguir al mando de la policía uniformada. Chile necesita jefes policiales dedicados 100% a cumplir su misión, que es darle seguridad a la ciudadanía, y no a esconder su responsabilidad personal detrás de la institución que encabezan”, cerró el abogado querellante.