En concreto, la propuesta sanciona como delito el emplear a extranjeros “no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile (...)".

La bancada de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón (jefa), Hugo Rey (subjefe), Frank Sauerbaum y Eduardo Durán (integrantes de la comisión de Trabajo), presentó un proyecto de ley que tipifica como delito “la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile”.

De esta manera, buscan avanzar de una respuesta meramente administrativa a una de carácter criminal.

En el caso del proyecto presentado por la bancada de Renovación Nacional, se pretende proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinda una adecuada protección al trabajador.

La propuesta busca, además, que la medida ayude a desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida que no se aborde adecuadamente el problema. Tal como señala la iniciativa, se establece “una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada”.

Presentan proyecto que tipifica como delito la contratación de extranjeros irregulares

En concreto, la propuesta sanciona como delito el emplear a extranjeros “no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile, excluyendo de dicha sanción la situación en que se contrató de manera regular, pero el trabajador extranjero perdió la habilitación en el transcurso de la relación laboral”.

Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregulares en el país, recibirán penas de “presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales (entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024)”. Se suma que se “podrá decretar (la condena) la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo”, sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.

El proyecto contempla que, quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares, y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo sea objeto de multa.

Los parlamentarios esperan que la iniciativa sea puesta en tabla y comience a la brevedad su trámite legislativo.