Hasta ayer lunes por la tarde, el Gobierno había enviado a Contraloría sólo una de las 27 revocaciones comprometidas. Durante la noche ingresaron a trámite otros 24 escritos que estaban pendientes para anular pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social. En tanto, sigue pendiente el proceso de toma de razón de dos casos.
El gobierno ingresó a Contraloría, para su respectiva toma de razón, 24 escritos pendientes para revocar las polémicas pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social.
En específico, la noche de este lunes se ingresaron 24 nuevos casos a trámite, los que se suman al único que estaba siendo tramitado hasta ahora por el órgano fiscalizador.
Este último fue ingresado, luego retirado de Contraloría para corregir aspectos formales (algo que en ocasiones sucede con la elaboración de decretos y documentos de esa naturaleza), los cuales fueron resueltos y -tras ello- la solicitud fue reingresada.
De acuerdo a fuentes de este medio, la primera revocación -tramitada a inicios de febrero- fue precisamente la más bullada; es decir, el polémico caso en que el beneficiario había sido condenado por pornografía infantil.
De esta forma, ya se encuentran en revisión los documentos de 25 beneficiados del total de 27 que el Ejecutivo anunció que iba a revocar.
El proceso lo llevó a cabo el Ministerio del Interior luego de las reiteradas consultas de BBCL Investiga, iniciadas el miércoles de la semana pasada. Todo ello en medio de las críticas que apuntaban precisamente a la falta de celeridad en un proceso que el propio Presidente Boric había indicado que iba a dejar zanjado a inicios de febrero.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha aclarado quiénes son los beneficiarios a los que —de pasar por toma de razón del organismo fiscalizador— se les revocarán las pensiones.
Según cuentan fuentes de Palacio, este corresponde a un proceso que recayó en el Ministerio del Interior y que —a juicio de La Moneda— se retrasó por los incendios que arrasaron la región de Valparaíso.
Bajo la lupa de Contraloría
La presión sobre el caso escaló el pasado 25 de enero, luego que Radio Bío Bío diera a conocer un informe final de la Contraloría General de la República en el que se revelaban graves falencias en las asignación de las pensiones de gracia a víctimas del estallido social.
En específico, el persecutor administrativo detalló que 58 beneficiados cuentan con antecedentes penales, incluidos delitos violentos y hasta un condenado por pornografía infantil.
Además, el ente contralor dejó en evidencia que hay casos en los que no se presentan antecedentes médicos para respaldar el relato de quien postuló al beneficio.
Entre otros, el documento evidenció que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos; o bien, “los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles”.
