La Fiscalía citó a declarar a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el otorgamiento de pensiones de gracia.

El Ministerio Público continúa indagando presuntas irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a casi 3 semanas de conocerse el informe de Contraloría, que expuso una eventual responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos.

El órgano persecutor señaló que se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tenían más de 10 condenas, por diversos delitos.

La Fiscalía citó a declarar a autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se recibieron las denuncias, como también del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, que otorgó la recomendación final.

El diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, se mostró a favor de que se aclare todo lo necesario para demostrar las falencias que pueden haber existido, aunque insistió en que -a su juicio- no hubo delitos.

En Renovación Nacional, el diputado José Miguel Castro pidió la salida de las autoridades que, pudiendo haber tenido los antecedentes penales de beneficiarios, los obviaron, según él, por razones ideológicas.

El diputado de la DC, Eric Aedo, sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos demostró ser incapaz de realizar un filtro, al momento de aprobar todas solicitudes de pensiones de gracia.

Según constató el medio Ex-Ante, las actas del consejo del INDH revelaron que sus integrantes recibieron 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, y todos, sin excepción, fueron acreditados como víctimas.