Según dijo la parlamentaria militante de Comunes, desde la UDI se busca "perseguir a las víctimas del estallido social" y "perjudicar la imagen del Gobierno" al buscar crear una nueva comisión investigadora por las pensiones de gracia. En tanto, desde la oposición argumentan que cuando se votó el informe no se tenían consideradas las falencias que reveló la Contraloría General de la República.
Desde el oficialismo, específicamente del Partido Comunes, la diputada Claudia Mix cuestionó la solicitud de la UDI para abrir una nueva comisión investigadora por las pensiones de gracia.
La parlamentaria del Frente Amplio sostuvo que “la UDI ya tuvo la oportunidad de investigar, de hecho presidió la comisión investigadora”.
Agregando que era en ese momento en el que “pudo solicitar todos los antecedentes al INDH y a las instancias e instituciones que les pareciera adecuado”.
A su juicio, “insistir en otra comisión -en menos de un mes- solo demuestra su insuficiente labor fiscalizadora. Al parecer están empecinados en perseguir a las víctimas del estallido social”.
Además de “cuestionar las facultades presidenciales, olvidando que toda esta discusión se pudo haber evitado si cuando (Sebastián) Piñera reconoció en su momento las violaciones a los Derechos Humanos del Estado (…) hubiese creado una comisión de verdad y justicia”, complementó.
Por último, la diputada Mix insistió que la UDI “insiste en el tema con el único fin de perjudicar la imagen del Gobierno. Claramente no hay ánimo constructivo ni de autocrítica por la responsabilidad que si le compete a su propio gobierno”.
Pensiones de gracia: UDI busca crear nueva comisión investigadora
Fue el presidente de la instancia en la Cámara de Diputadas y Diputados, Henry Leal (UDI), quien confirmó que la colectividad de oposición busca impulsar una nueva comisión especial investigadora.
“Estamos juntando las firmas (…) para que se pueda investigar más a profundidad. Cuando votamos nuestro informe aún no teníamos a la vista lo que dictaminó la Contraloría”, dijo.
Agregando que “hay muchos cabos sueltos que requiere respuesta (…) lo que ha ocurrido es demasiado grave. Queremos saber si esto fue casualidad, si estaba planificado y si se ideó de esa manera”.
Lo anterior nace a raíz de un potente informe de la Contraloría General de la República que reveló los casos de personas que reciben el beneficio y cuentan con antecedentes penales.
Entre ellos, se cuentan delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Además, recordemos que el ente contralor dejó en evidencia que hay casos en los que no se presentan antecedentes médicos para respaldar el relato de quien postuló al beneficio.
