El acuerdo busca la colaboración mutua con el fin de facilitar información necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado.
El gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno de Venezuela, con el fin de enfrentar las diferentes aristas del crimen organizado transnacional.
La firma la concretó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, mientras que por Venezuela lo hizo el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Ramírez.
El acuerdo busca la colaboración mutua con el fin de facilitar información, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones.
Se trataría de intercambio de información necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado, así como promover el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación.
Las partes promoverán siete acciones en particular siendo la primera las capacitaciones entre ambas partes, “atingentes a las realidades criminógenas de cada país”; el segundo punto considera intercambio de información relativa a buenas prácticas investigativas; el tercero es compartir información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas, a fin de lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos.
El cuarto punto del acuerdo permitirá también generar alertas tempranas cuando se registren “nuevos modus operandi, germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, hallazgo de nuevos nichos criminales; mientras que el quinto punto promueve el mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas.
El subsecretario Manuel Monsalve valoró la firma y comentó que es “un hecho inédito” y que permitirá “reafirmar los vínculos de colaboración para proteger a nuestros pueblos de una amenaza común, que afecta a nuestros países, afecta a la seguridad de los ciudadanos de nuestros países y para la cual estamos estableciendo vínculos y procedimientos para protegerlos”.
Similar valoración que realizó el embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien aprovechó la oportunidad para plantear una colaboración similar en toda Sudamérica.
“Deberíamos avanzar también en el marco de una colaboración a nivel de por lo menos de todas las policías de Sudamérica, porque que la vinculación del crimen organizado, como digo, se va haciendo cada vez más transnacional”,
comentó el embajador.
Por último, la sexta iniciativa permitirá el “intercambio de información referente a personas condenadas que se encuentren en calidad de internos en centros de detención penitenciaria”, y en el séptimo punto se especifica el intercambio de “antecedentes penales de blancos investigativos vinculados a delitos violentos, crimen organizado trasnacional, crimen cibernético y otros delitos entre ambos países”.
