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La situación que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la decisión del presidente Kast de confirmarlo en el cargo plantean una pregunta: ¿cuál es el rol de los ministros en la protección de la autoridad presidencial y hasta dónde llega su responsabilidad política frente a una crisis de gobierno?
En nuestro régimen presidencial, los ministros de Estado desempeñan tres funciones. Dirigen sus respectivas carteras; son colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República y; además, cumplen una tercera función, no escrita en la Constitución y profundamente política: son cortafuegos. Parte de su responsabilidad consiste en impedir que los errores, conflictos y controversias de sus ámbitos de competencia terminen comprometiendo la autoridad del jefe de Estado.
Cuando una crisis escala hasta involucrar al Presidente, las posibilidades de contener sus efectos son considerablemente menores. Por el contrario, los ministros pueden asumir responsabilidades, corregir decisiones y, cuando las circunstancias lo exigen, dejar sus cargos.
No hay nada deshonroso en ello. La responsabilidad política tiene una naturaleza distinta de la responsabilidad jurídica. Un ministro puede no haber cometido infracción alguna y, sin embargo, encontrarse en una situación que haga políticamente inconveniente su permanencia.
Se instala entonces una falsa disyuntiva: mantener al ministro para demostrar que no ha cometido ninguna irregularidad o removerlo como reconocimiento de que las acusaciones tienen asidero. La pregunta relevante es otra: ¿conserva el ministro la autoridad necesaria para ejercer el cargo y contribuye su permanencia a la conducción del Gobierno?
La controversia que enfrenta Rabat permite examinar esta dimensión. La discusión sobre las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, y las responsabilidades políticas asociadas a esas decisiones, ha terminado provocando una grave crisis para el gobierno.
Por su parte, la decisión presidencial de mantener al ministro ha trasladado progresivamente la discusión desde la responsabilidad de las autoridades de Justicia hacia la conducción del propio Presidente, la disciplina oficialista y los límites de la lealtad entre los partidos que respaldan al Ejecutivo. Es justamente el tipo de desplazamiento que la función de cortafuegos busca evitar.
Naturalmente, un Presidente no debiera permitir que cada cuestionamiento opositor determine la salida de un ministro. Pero tampoco puede confundirse la autoridad presidencial con la obligación de sostener a toda costa a una autoridad cuya continuidad se ha vuelto el centro de la crisis.
La autoridad del Presidente no se mide por cuántos ministros logra mantener en sus cargos frente a las críticas. Un cambio de gabinete puede revelar dificultades de conducción, pero también puede permitirle recuperar la iniciativa política.
La lealtad hacia el Presidente supone reconocer cuándo la propia permanencia comienza a perjudicar al Gobierno. En The West Wing, Leo McGarry resume esa exigencia al recordar al presidente Bartlet: “Vinimos aquí para poner el trabajo por delante de nosotros mismos” (T6, E3).
En consecuencia, presentar la renuncia puede ser una expresión de responsabilidad y lealtad. Saber cuándo hacerlo exige oficio político y criterio. Del mismo modo, los presidentes deben comprender que solicitar una renuncia no equivale necesariamente a desautorizar toda la gestión de quien se marcha.
En mayo de 2015, en medio de la crisis de confianza provocada por los casos Caval, Penta y SQM, la expresidenta Bachelet pidió la renuncia a todos sus ministros y reorganizó su gabinete. La decisión no resolvió por sí sola la crisis que enfrentaba su gobierno, pero expresó su voluntad de recuperar la iniciativa política y abrir una nueva etapa.
Una situación distinta enfrentó Gabriel Boric con Giorgio Jackson en agosto de 2023. Jackson se había convertido en el centro de una controversia que excedía ampliamente su gestión ministerial. Su permanencia tensionaba las relaciones con su propia coalición y dificultaba la búsqueda de acuerdos. Finalmente, presentó su renuncia, argumentando que su presencia estaba siendo utilizada para impedir avances en la agenda legislativa.
Por cierto, la figura del cortafuegos tiene límites. No puede utilizarse para encubrir responsabilidades que corresponden al propio Presidente ni para convertir a los ministros en fusibles destinados a absorber decisiones que no adoptaron.
Pero cuando existe una responsabilidad ministerial reconocible y la crisis amenaza con extenderse, la oportunidad de las decisiones importa tanto como su contenido. En política, una decisión correcta adoptada demasiado tarde puede producir efectos muy distintos de los que habría tenido en el momento oportuno.
Según informó BioBioChile, Rabat habría ofrecido su renuncia, sin que el Presidente la aceptara. De confirmarse, Kast habría asumido personalmente el costo político de mantenerlo en el cargo. Desde ahí, los cuestionamientos ya no se dirigen exclusivamente al ministro, sino también a la decisión presidencial.
Es uno de los dilemas más delicados del oficio de gobernar. La confianza personal en un ministro es legítima, pero el Presidente debe ponderarla con la necesidad de preservar su capacidad de conducción.
En política, saber cuándo sostener a un ministro es tan importante como saber cuándo pedirle la renuncia. Y para un ministro, comprender cuándo corresponde dar un paso al costado forma parte de las obligaciones que asumió al aceptar el cargo.
