El proyecto es "una alternativa para el combate contra el flagelo de la delincuencia" y que por lo tanto, se requerirá "un plan de capacitación y formación de la Fuerzas Armadas".
Un grupo transversal de diputados, que incluye a parlamentarios oficialistas y de oposición, presentaron un proyecto de reforma constitucional que amplía el rango de acción del estado de excepción, como herramienta para enfrentar crimen organizado.
Se trata de un proyecto intermedio, y que habilita el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana, a través de una modificación y ampliación del concepto de infraestructura crítica vigente en la legislación.
“Requerimos articular toda la capacidad del Estado en el combate contra la delincuencia”, aseguró en la presentación el diputado independiente miembro de la bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto. A esto, agregó que “el diario vivir de millones de chilenas y chilenos se ve mermado y profundamente afectado por la inseguridad y el control territorial de la delincuencia”.
El diputado agregó que esta es “una alternativa para el combate contra el flagelo de la delincuencia” y que por lo tanto, se requerirá “un plan de capacitación y formación de la Fuerzas Armadas para trabajos de control de orden público y seguridad ciudadana y para el trabajo con la sociedad civil”.
“No es posible que cuando urge una colaboración e interoperación entre policías y Fuerzas Armadas en situaciones extremas, se esgrima como principal razón la falta de capacitación y formación de estas instituciones para tratar con civiles”, agrega el parlamentario.
El proyecto de reforma incorpora al Artículo 32º, numeral 21) de la Constitución un inciso que diga: “también se podrá disponer el decreto fundado que establece el inciso primero del presente numeral para la protección de zonas urbanas y rurales que requieran oportuna y especial protección por razones de seguridad ciudadana.”
En tanto, en el Artículo 32º, numeral 21) se estipula: “Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida. La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial”.
Agregan que “el ejercicio de esta atribución no implicará la suspensión, restricción o limitación de los derechos y garantías” consagrados en la Constitución.
Sin perjuicio de lo anterior, las afectaciones que implicaría la reforma “sólo podrán enmarcarse en el ejercicio de las facultades de resguardo del orden público y emanarán de las atribuciones que la ley les otorgue a las fuerzas para ejecutar la medida”.
Además de Soto, el proyecto fue presentado por los diputados Marco Ilabaca (PS), Jaime Araya (PPD), Francisco Undurraga (Evópoli), Andrés Longton (RN) y Jorge Alessandri (UDI), además de ser respaldado por los alcaldes Germán Codina de Puente Alto, de Christopher White de San Bernardo y Mauro Tamayo de Cerro Navia.
