Con la finalidad de aclarar si el Presidente de la República tiene facultades para anular el beneficio, o si requiere una modificación legal, los parlamentarios de oposición oficiaron a a la contralora (s) Dorothy Pérez.
Polémica ha generado las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social. Por esto, los diputados Henry Leal y Juan Antonio Coloma (UDI) enviaron un oficio de fiscalización al presidente Gabriel Boric.
Lo anterior, tras asegurar que el mandatario sí tiene facultades para revocar las pensiones de gracia otorgadas a cinco condenados posterior al 18 de octubre de 2019. A su juicio, no se necesitaría modificar la actual legislación.
En la misma línea, tras considerar “ausencia de una respuesta” y “la insistencia” del Gobierno de presentar indicaciones de ley que regula dichos beneficios, Leal y Coloma oficiaron a la contralora (s) Dorothy Pérez.
Con esto, explicaron los diputados de la UDI, el objetivo es que sea la Contraloría General de la República el que pueda terminar con la polémica.
De esta manera, advirtieron que “si existe una disparidad de criterios, incluso al interior del propio Gobierno, lo mejor entonces es que sea un organismo externo el que aclare este asunto”.
Ofician a contralora (s) tras polémica por pensiones de gracia
Según dijeron los de oposición, “el Gobierno, de manera absolutamente maliciosa, ha pretendido instalar que el Presidente Boric no tiene facultades para anular las pensiones de gracia que han otorgado a cinco delincuentes”.
“Tiempo atrás el propio subsecretario Monsalve aseguró que como es una facultad presidencial, es el mismo mandatario el que podría dejar sin efecto esta medida, lo que da cuenta de que ni siquiera al interior del gobierno tienen una visión en común”, cuestionaron Leal y Coloma.
Además, los parlamentarios comentaron que “por no querer asumir lo desprolijo que ha sido todo este proceso, la actual administración prefiere eludir el tema anunciando indicaciones que hoy serían absolutamente innecesarias”.
“Hemos decidido recurrir a la contralora (s) para que ojalá, en el plazo más breve posible, nos pueda aclarar toda esta situación”, agregaron.
Finalmente, reiteraron que las pensiones de gracia fueron otorgadas “a verdaderos delincuentes, algunos de ellos incluso por agredir a funcionarios policiales”.
“Esperamos que sea la Contraloría General de la República la que resuelva este debate, y en caso de que el Presidente Boric sí posea las atribuciones para anular los decretos, tendrá la obligación de hacerlo”, concluyeron.
