Si bien ahora hay réditos, también a la larga el uso indiscriminado del "mazo justiciero" puede terminar jugándoles en contra a la oposición.
Como si fuera el rebrote de un incendio, el pasado miércoles nuevamente el Caso Convenios volvió a las primeras planas luego que se conociera de la posibilidad de que Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez declaren ante el Ministerio Público, tras la arremetida de la oposición con su “mazo justiciero”.
Y tal como ha sucedido desde que se destapó el mayor escándalo del actual Gobierno, otra vez el tema de las fundaciones y sus contratos obligó a La Moneda a salir a explicar lo de las famosas citaciones.
Pero más allá del déjà vu, lo cierto es que de un tiempo a esta parte desde la oposición, en particular diputados de la UDI y Republicanos, han comenzado un desfile por los tribunales presentando querellas.
Por ejemplo, los gremialistas Felipe Donoso junto con Juan Antonio Coloma Álamos interpusieron una querella por los casos del Caso Convenios en el Maule.
Si bien son contra quien resulte responsable, evidentemente salpica al exseremi de Vivienda por los convenios con Urbanismo Social, así como la Gobernación Regional. Así también lo hizo el diputado Juan Manuel Fuenzalida, con querellas que van desde Antofagasta hasta el Bío Bío.
En la acción judicial que presentaron Donoso y Coloma, piden varias diligencias, que no detallaremos para no entorpecer la investigación del Ministerio Público. No obstante, la causa ha tenido poco movimiento, a diferencia de Antofagasta, que ha avanzado más rápido, sobre todo con la ampliación de querella que presentaron los Republicanos Juan Irarrázaval y Cristian Araya.
Asimismo, esta última dupla hicieron una denuncia en Contraloría contra once municipios denunciando los convenios que firmaron con la Fundación Daya, ligada a la diputada Ana María Gazmuri.
Esto último, porque, según explican, lo mejor siempre es que el órgano contralor resuelva, ya que eso da sustento a una instancia penal en el caso de que, eventualmente, haya delitos.
Evidentemente, a La Moneda no le causa gracia tener a sus personeros declarando en el Ministerio Público, molestia que dejó en evidencia el ministro y portavoz ocasional, Luis Cordero.
“Me parece que ellos ejercieron un instrumento jurídico para hacer una objeción que no es jurídica, sino que más bien política”, fustigó en entrevista con Cooperativa.
Y si bien se le vio mosqueada con los periodistas que le preguntaron el tema, la ministra vocera Camila Vallejo optó por desdramatizar la eventual concurrencia a declarar de Jackson, Crispi y Martínez.
“Se hace noticia de algo que sabíamos que iba a suceder, era algo natural que iba a pasar, porque es parte del procedimiento judicial”, matizó.
Las debilidades del Congreso para fiscalizar al Gobierno
El tema es que en el Congreso existen mecanismos para investigar y determinar eventuales responsabilidades, a través de comisiones investigadoras, interpelaciones y las siempre controvertidas Acusaciones Constitucionales.
No obstante, de igual forma han decidido recurrir a los Tribunales de Justicia, reconociendo -fuera de micrófono- que la capacidad de la Fiscalía para investigar es mucho más poderosa que la que tiene la Cámara de Diputados, por ejemplo.
De hecho, al consultar entre los congresistas de oposición, lo primero a lo que apuntan es a la polémica por la reticencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, a asistir a las citaciones que le ha hecho la comisión investigadora del Caso Convenios.
Sobre todo ahora que contrató a uno de los abogados más caros de la plaza, pese a que aún no ha sido formalizado por algún eventual delito. En otras palabras, no es que simplemente se esté colocando el “parche antes de la herida”, sino que fue directamente a buscar al mejor “cirujano plástico”.
En ese sentido, se apunta a que en una vía judicial, el exsubdere no se puede negar a asistir, tal como lo ha hecho hasta ahora, a pesar de tener un cargo visiblemente público, estando trabajando directamente con el presidente de la República, Gabriel Boric Font.
Así también, reconocen las dificultades para fiscalizar, ya que acusan que el Gobierno no responde los oficios que por obligación constitucional debe contestar en treinta días.
Por ello, insisten en que lo único que les queda es la vida judicial. Aunque, también se justifican en el hecho que “es parte de la pega”, por el hecho de que uno de sus roles como diputados es fiscalizar.
Según admite una fuente de BBCL, lo que quieren evitar es que las cosas queden “en nada”, reclamando además que las comisiones investigadoras tienen un matiz político y dependen de las mayorías circunstanciales.
Por otro lado, reconocen que las herramientas que tiene el Congreso no son suficientes, ya que no siempre se logra que los involucrados asuman su responsabilidad política, tomando en cuenta además que las sanciones a las que se arriesgan tampoco son tan drásticas como para dar una señal clara en contra de la corrupción.
Sin embargo, tampoco es un festival de querellas, principalmente por la responsabilidad que acarrea, y que se ganan enemigos con eso.
Castro y comisiones investigadoras: “Son de cara a la ciudadanía”
Al respecto, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión investigadora del Caso Convenios, José Miguel Castro, responsabiliza directamente a La Moneda.
“Cuando hay gobiernos que no colaboran con las investigaciones del Congreso cuando entorpecen, interpretando leyes de forma torcida, obviamente estas atribuciones se ven coartadas”, señaló a BBCL.
Pero, si algo se puede sacar en limpio, es que se hace necesario “ponerle dientes” y “garras” al Congreso, en su rol fiscalizador, enfatiza, en donde el “niño símbolo” probablemente sea Miguel Crispi.
“Después de esta experiencia que hemos tenido, lo más probable es que presentemos un proyecto que incluya a gobernadores regionales y a todos los funcionarios independientes de su contratación para que vayan a contestar las preguntas a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados”, advierte.
De todas maneras, el diputado Castro defiende las comisiones investigadoras, o mejor dicho, su utilidad, comparando lo que sucede -por ejemplo- con el Poder Judicial.
“Hay cosas que yo las he mantenido bajo estricto secreto para poder ser entregadas al Ministerio Público, que va a servir también como insumo para llevar adelante todas las investigaciones y felices que hagan ellos”, nos dice.
“Creo que obviamente, en ese sentido, sirven y sirven mucho, porque por lo demás, a diferencia de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, estas son de cara a la ciudadanía”, sentencia.
Expertos: Hay una “instrumentalización” del “mazo justiciero”
No obstante, para la académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, María Pía Méndez, hay una “instrumentalización que se está canalizando a través de mecanismos judiciales”.
“Hay casos y hechos que son muy visibles, que están muy álgidos, que conectan con temores de la ciudadanía respecto de la falta de probidad, de manejo de fondos, de financiamiento, de dinero y eso se instrumentaliza y se canaliza de manera judicial, porque lo judicial tiene más peso”, explica a nuestro medio.
Pero también, apunta al uso mediático que se hace de las acciones judiciales, al utilizar términos como “imputados”, para dar una sensación de culpabilidad, pese a que es la respuesta normal de un proceso judicial.
De esta forma, se transforma en una estrategia útil desde un punto de vista mediático, para reflotar casos que, con el paso de los días, van empezando a quedar en un segundo plano.
“Yo creo que para republicanos, que ya venían teniendo un problema de imagen después de la Constituyente, con poco apoyo popular, esto es una herramienta y una estrategia para poder salir ante la opinión pública con esta postura, como de nosotros estamos persiguiendo casos de corrupción, un poco indicando culpabilidades en las personas que están vinculadas al Gobierno y eso les deja a ellos en una posición beneficiosa”, sostiene Méndez.
“Sacan réditos políticos de estos casos que parecen ser casos de corrupción abierta, hacen leña del árbol caído y no solamente leña del árbol caído, sino que tratar de prender la fogata”, ejemplifica la docente de la Universidad Mayor.
En esa línea, la experta remarca que para el Gobierno lo más inteligente es tener un discurso parecido al que tiene la ministra Vallejo, poniendo paños fríos, a diferencia de Cordero, que salió a plantarles cara.
“A mí me parece que es una postura más inteligente la de Vallejo, permite bajarle el perfil y permite ante la opinión pública aclarar que estas personas están imputadas y que se está siguiendo un proceso de investigación, no quiere decir absolutamente nada más”, dice.
“Me parece mucho más razonable que tomar una postura dura, que lo que hace es que la gente piense que se están poniendo a la defensiva, o que quieren blindar a las personas, que es un poco lo que está pasando con Crispi”, advierte.
De todas maneras, Méndez pone el acento en que si bien ahora hay réditos, también a la larga el uso indiscriminado del “mazo justiciero” puede terminar jugándoles en contra.
“Me parece que tiene una vida útil por ahora, pero yo no sé hasta cuando les dure, en el sentido de que la ciudadanía también está agotada”, afirma la académica.
