Según los parlamentarios del oficialismo, Miguel Crispi no sería técnicamente un funcionario público, ya que está contratado a honorarios.
Por seis votos a favor y tres en contra, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados recurrirá a Contraloría, en medio de la polémica por la nueva negativa de Miguel Crispi a asistir a la instancia, marcada además por el debate sobre si es o no funcionario público.
Así se acordó en una tensa sesión en la Cámara, entre las críticas cruzadas entre la oposición y el oficialismo, que acusó persecución en contra del jefe de asesores de La Moneda.
Recordemos que el exparlamentario fue requerido por su rol cuando era subsecretario de Desarrollo Social y el vínculo con las fundaciones cuestionadas en el denominado Caso Convenios.
Se trata de un oficio que fue diseñado por el equipo del diputado y presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro, donde solicita que la Contraloría se pronuncie en torno a posibles sanciones que podrían caer sobre Crispi, por ausentarse por segunda ocasión consecutiva.
No obstante, según advirtió el diputado PPD Raúl Soto, este oficio no contenía la solicitud expresa al ente contralor para despejar una duda que se ha instalado en el Congreso Nacional, que es técnica, pero que también tiene un correlato político, respecto a si Miguel Crispi tiene calidad de funcionario público.
Se ha dicho por parte del oficialismo, por ejemplo, que el hecho de que sea un asesor a honorarios podría significar a nivel técnico, que no sería un funcionario público y que sus acciones no serían vinculantes de responsabilidad administrativa, por lo que no estaría obligado a concurrir a la citación, sino que sería una invitación opcional.
En ese sentido, el diputado Castro señaló que solicitud contiene esta duda y que la Contraloría, para resolver este punto político que se ha realizado, de todas maneras va a tener que pronunciarse respecto de esta materia.
De todas maneras, en paralelo a la comisión, el diputado UDI, Jorge Alessandri, también enviará un oficio a la Contraloría, precisamente, para despejar esta duda es Miguel Crispi o no técnicamente un funcionario público.
“Vamos a preguntar a la Contraloría ¿El señor Crispi es empleado fiscal? ¿Es funcionario público? ¿Tiene derecho a que le paguen la defensa? ¿Tiene derecho a usar el auto fiscal? ¿Tiene derecho a ausentarse para liderar su defensa? Y la Contraloría tendrá que decirnos en qué calidad trabaja para el Estado, con qué responsabilidades y qué garantías tiene”, señaló el parlamentario gremialista.
Oficialismo asegura que Miguel Crispi no es funcionario público
Al respecto, la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, enfatizó en que Miguel Crispi no es un funcionario público, dado que está contratado a honorarios.
“Yo tengo la duda jurídica de si don Miguel Crispi tiene obligación no solamente por el tipo de contratación que él tiene, sino por el tipo de tema por el que se le va a preguntar, cuestiones que se refieren a los gobiernos regionales, los que están fuera del ámbito de competencia de la comisión investigadora”, sentenció por su parte la diputada Mercedes Bulnes.
De todas maneras, el diputado oficialista del PPD, Raúl Soto, fustigó la ausencia de Crispi, asegurando que “le hacemos un flaco favor al Gobierno al hacer defensas corporativas”.
“Lo que ha hecho Miguel Crispi, es una falta de respeto con un poder del Estado al no concurrir. Le hace un tremendo daño a nuestro gobierno, expone al presidente Boric a tener que estar dando explicaciones”, apuntó.
Mientras, el diputado Gonzalo Winter acusó un intento de “enlodar” a Miguel Crispi, puesto que, a su juicio, “se le invita para generar un manto de dudas, no les interesa esclarecer los hechos”.
“Se hace un disparo en los pies, lo que tenemos que hacer es dar la cara”, le replicó por su parte Soto.
La tensa sesión de comisión investigadora por citación a Miguel Crispi
Pero además, el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, enfatizó en que había detalles por consultar a Crispi. “No busquemos subterfugios”, señaló, emplazando además directamente al diputado Winter, a “no ponerse choro”, luego que le interrumpiera durante su intervención.
La tensión fue reconocida incluso por el diputado socialista, Marco Ilabaca, que dijo que “da pena ver lo patético que nos vemos”.
Mientras, el diputado y presidente de la comisión investigadora, Juan Miguel Castro, puso en duda que no pueda ser citado como funcionario público, apuntando a que envió su respuesta desde un correo institucional.
Sin embargo, sus intervenciones también generaron críticas desde la oposición, que le cuestionó en su rol de presidente de la instancia, imputándole falta de imparcialidad.
Así las cosas, será finalmente la Contraloría la que tendrá que zanjar la discusión, que ha vuelto generar tensiones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.
