Según la Fiscalía, se investiga fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno, por mil quinientos millones de pesos.

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Iquique incautaron computadores y documentos desde el Serviu de Tarapacá y la Seremi de Vivienda, en medio de diligencias por el denominado Caso Convenios, que involucran a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.

Se trató de una diligencia registrada la mañana de este miércoles en las oficinas del Serviu, que están ubicadas a pocos metros de la Fiscalía de Iquique.

Recordemos que el Ministerio Público inició una investigación de oficio tras los traspasos de dineros realizados desde el Ministerio de la Vivienda a la Fundación Enlace Urbano, traspasos que habrían superado los 700 millones de pesos.

Al respecto, el fiscal Eduardo Ríos, explicó que “tenemos dos investigaciones, una a raíz de una noticia que salió en Radio Bío Bío sobre Enlace Urbano, iniciamos una causa el día viernes pasado, y otra causa relacionada con la Fundación EnRed Social, que iniciamos el día lunes pasado, hace dos días”.

“Con el objeto de optimizar los tiempos y entendiendo que hay una urgencia de carácter nacional y fondos públicos involucrados, decidimos rápidamente generar una entrada de registro de incautación al Serviu Tarapacá, como así mismo a la Seremía de Vivienda y Urbanismo, lo cual se concretó el día de hoy”, añadió el persecutor.

“Se le explicó a ambos jefes de servicio que tratándose de servicios públicos, deben colaborar de manera voluntaria, si no la opción era una orden judicial. Afortunadamente, ambos aceptaron la vía voluntaria”, valoró el fiscal Ríos.

Según detalló el persecutor, “los delitos que se está investigando de manera concreta son fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno. Estos son delitos tentativos, ya que se irá perfeccionando la calificación jurídica en la medida que encontremos elementos que nos permitan establecer o descartar los traspasos de dinero y a cuánto ascienden”.

“En este punto tenemos una cifra aproximada. Aún no tenemos los elementos más concretos que justamente estamos levantando, pero podrían alcanzar a mil quinientos millones de pesos o más”, adelantó Ríos.

En esa línea, el persecutor confirmó que ya prestaron declaración el exseremi Francisco Javier Martínez Segovia, además de la actual titular, Rocío Díaz, no descartando que sean nuevamente citados.

Por último, cabe señalar que la Seremi de Vivienda de Tarapacá emitió una declaración pública respecto al tema, indicando que van a entregar toda la colaboración con el Ministerio Público.