Esto se aplicaría para licencias clase B o C, o una licencia especial. Los prestadores institucionales aprobados por la Superintendencia de Salud serían los encargados de verificar la idoneidad de los conductores, en pos de agilizar las atenciones debido a la ola de solicitudes de renovación que enfrentan los municipios.
Debido a las sucesivas prórrogas en las renovaciones de las licencias de conducir en los últimos tres años por la pandemia de Covid-19, los municipios a nivel nacional han enfrentado aumentos en las atenciones anuales por un 300%, empujando más allá del límite las capacidades de atención al público.
En este contexto, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una propuesta legal que modifica la Ley del Tránsito por la cual los solicitantes de renovación de licencia no profesional podrán acreditar la idoneidad física y psíquica frente al municipio mediante un certificado emitido por un prestador institucional de salud acreditado por la superintendencia correspondiente, durante el 2023 y el 2024.
En la sesión celebrada el 11 de abril, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que resultaba urgente aprobar dicha modificación debido a la gran acumulación de solicitudes más una capacidad “insuficiente” de parte de los municipios para enfrentar la ola de renovaciones.
Indicaciones al proyecto de ley
Una de las indicaciones propuestas por los legisladores señala que el pago al prestador de salud no exime al usuario del pago correspondiente a la renovación de la licencia de conducir.
Otra indicación propone que la licencia se otorgue con vigencia de hasta seis años, contados a partir de la fecha de vencimiento consignada en la licencia que se renueva.
Es decir, la licencia se entregará por el tiempo que complete el período de seis años desde la fecha de vencimiento. Así lo explicó el diputado Carlos Bianchi (IND), quien manifestó que no se les están quitando años a quienes ya les venció el documento, sino que complementando dicho período; propuesta compartida por el diputado Juan Irarrázaval (PREP).
Añadiendo a lo anterior, el ministro de Transportes valoró la indicación, esto con el objetivo de distribuir la renovación de manera uniforme, mientras los municipios adapta sus capacidades para los nuevos volúmenes de renovación de licencias.
El dilema de los sectores rurales
Durante la sesión, una gran parte del debate giró en torno a las complicaciones que presenta aplicar el beneficio en las comunas rurales, en especial aquellas donde las prestaciones de salud son muy limitadas.
El diputado independiente, Felipe Camaño Cárdenas, propuso que un profesional de la salud pudiera examinar al solicitante, dado a la existencia de zonas que no disponen de un médico de cabecera.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet Martínez (FRVS), comentó lo delicado de la situación debido a la responsabilidad que conlleva otorgar una licencia de conducir, presentando la alternativa de que la Seremi de Salud pueda autorizar a otros prestadores para realizar el proceso.
Si bien esta última alternativa contó con un amplio respaldo parlamentario, la definición quedó pendiente por solicitud del ministro Muñoz, quien procedería a consultar al Ministerio de Salud para a posterior redactar una propuesta consensuada que sea revisada en la Cámara.
