En prisión preventiva quedaron dos abogadas acusadas de corrupción en procedimientos judiciales en Los Ángeles, en la región del Bío Bío. En tanto, el exdefensor público de la misma comuna, Patricio Gutiérrez, quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por violación de secreto.
Las cautelares se definieron este jueves en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Ambas abogadas, Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, enfrentan cargos en calidad de autoras de los delitos consumados de asociación ilícita, prevaricación, acceso indebido a la información y obstrucción a la investigación.
Previamente, el mismo tribunal decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados a Nelson Sáez Reyes, funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que fue formalizado por cohecho reiterado.
Tras esta nueva jornada de audiencia, la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, a cargo de la investigación, manifestó su satisfacción en la resolución, pese a que habían pedido la prisión preventiva para los tres abogados. A su vez, confirmó que están investigando a otras personas involucradas.
Hechos investigados
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, las abogadas imputadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, quien fallaba en favor de sus intereses.
También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía que favorecieron a sus esposas en las defensas de sus clientes.
En la indagatoria se estableció la participación de las abogadas en una banda criminal que defendían y que se dedicaba al tráfico de drogas y armas. Incluso se dio a conocer que las abogadas formalizadas idearon una denuncia simulada para intentar acreditar una falsa cooperación sustancial del líder de la agrupación criminal que defendían.
Asimismo, se expuso que el defensor local jefe y esposo de una de las imputadas, Patricio Gutiérrez, facilitó el acceso de las imputadas al sistema informático de la Defensoría Penal Pública.
El plazo de la investigación se fijó por 3 meses.
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