El diputado Johannes Kaiser sostuvo que “el ministro no ha hecho la pega o lo ha hecho mal o la ha hecho, en nuestra opinión, saltándose reglas de probidad mínima”.
Esta jornada el Partido Republicano ingresó una Acusación Constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La acción, advertida en diciembre por los parlamentarios de la colectividad, la concretaron este 3 de enero.
La Acusación se presentó luego de que la exseremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, acusara “presiones indebidas” para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental.
En concreto, el libelo ingresado por los legisladores Republicanos consta de 150 páginas, donde pormenorizan lo que consideran graves infracciones a la normativa vigente por parte del ministro Jackson y falta de servicio con ocasión de su cargo.
Capítulos del juicio político ingresado por Republicanos:
a) Capítulo Primero: Infringir gravemente y dejar sin ejecución la Ley N° 19.253, que Establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; y, la Ley N° 21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022.
b) Capítulo Segundo: Infringir gravemente la Constitución Política de la República y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el haber acusado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las 44 instrucciones indebidas que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA.
c) Capítulo Tercero: Dejar sin ejecución la Ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, por no implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos.
d) Capítulo Cuarto: Dejar sin ejecución la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, por no implementar oportuna y adecuadamente las Oficinas Locales de la Niñez, pese a existir planes pilotos, autorizaciones presupuestarias, presupuestos autorizados por ley y un marco reglamentario suficiente para la puesta en marcha de las referidas oficinas locales.
Entre los fundamentos del Capítulo Primero, la Acusación sostiene que “Conadi ha ejecutado a noviembre de 2022 solamente el 42% del presupuesto asignado por la Ley de Presupuestos 2022 al Fondo de Tierras y Aguas, esto es, M$27.823.448 de M$65.906.054″.
Ese fondo permite comprar tierras a comunidades que postulan (letra a del art. 20 de la Ley Indígena) o comprar tierras demandadas por las comunidades (tierras en “conflicto” por la letra b del art. 20 de la Ley Indígena).
“De ahí que resulta grave que el Ministro de Desarrollo Social, quién ejerce la supervigilancia de Conadi, -considerando los anuncios -aunque poco concretos del plan “buen vivir” y la situación de la Macrozona Sur, haya dejado sin ejecutar la Ley de Presupuesto y la misma Ley Indígena”, precisa el libelo.
Añade que “el Ministro Jackson permitió o no supo, lo que es igual de grave, que la CONADI compró dos predios usurpados en La Araucanía lo que transgrede la prohibición establecida año tras año en la Ley de Presupuesto. Adicionalmente, este Gobierno no tiene una Agenda Indígena clara, a mediano y largo plazo, sino que solo reacciona a la contingencia y centra los recursos de Conadi en el pueblo Mapuche -por cierto los más numerosos- pero se olvida que hay otros 9 pueblos originarios reconocidos por ley”.
Fundamentos del Capítulo Segundo
Producto de la denuncia de Patricia Hidalgo, en la Acusación afirman que se “desprende que el ministro Giorgio Jackson estaba en pleno conocimiento de las presiones políticas y las instrucciones indebidas que ella recibía por parte de autoridades del actual Gobierno, incluyendo, entre otros, a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores; y a la delegada Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, Constanza Martínez, para aprobar determinados proyectos sujetos a evaluación ambiental. Por ejemplo, el Mall de Ñuñoa, la Concesión Vespucio Oriente y el Proyecto de Solución Sanitaria”.
Esta situación, para los parlamentarios constituye un indicio plausible de irregularidades y faltas al principio de probidad por parte del propio ministro Giorgio Jackson, lo que “implicaría gravísimas infracciones constitucionales y legales, además de una grave vulneración al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.
Capítulo Tercero
Entre los fundamentos del Capítulo Tercero, el libelo asegura que actualmente “hay una lista de espera de alrededor de 25 mil niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos”.
“La tardanza en la aplicación de la ley (…) supondrá un aumento exponencial de la lista de espera, con el consecuente desamparo, revictimización y, en definitiva, grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes que requieren de la intervención inmediata del Servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, añade.
Fundamentos del capítulo final
En relación con el Capítulo Cuarto, la Acusación detalla que no se implementaron oportuna y adecuadamente las Oficinas Locales de la Niñez “pese a la necesidad de atender potencialmente 2.981.408 NNA; pese a la existencia de planes piloto desarrollados desde el 2019 con un presupuesto asignado de casi 2 mil millones de pesos para 12 comunas, con definiciones de estructuras de personal que facilitan la implementación para las nuevas OLN; entre otros precedentes”.
