Ángel Valencia, todavía carta para el cargo de fiscal nacional, hace clases de Derecho Penal e Inteligencia Artificial en Derecho USS, carrera que fue recientemente acreditada por seis años. La celebración fue una comida en la casa de Andrés Chadwick, defenestrado ministro del Interior, militante de la UDI y actual decano de esa división del plantel.
La noche del martes Marta Herrera, fallida candidata del Gobierno a fiscal nacional, acusó que otro de los integrantes de la quina al cargo, Ángel Valencia, tuvo una comida con personas ligadas a la UDI el mismo día su nominación, el 14 de noviembre.
La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía emitió sus dichos en conversación con CNN Chile, donde dejó en claro que no tenía mayores detalles de los invitados, el objetivo del encuentro ni de lo que este trató.
El propio Valencia reconoció que la cita fue real y precisó que se trató de una comida de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián en la casa del decano, Andrés Chadwick, destituido ministro del Interior tras el estallido social e histórico militante gremialista.
Según una declaración, la idea era “celebrar la certificación por seis años de la carrera de Derecho y el fin de año académico”.
“Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial”, precisó.
“En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores de esa casa de estudios”, comentó el candidato.
Pese a ello, mirando el equipo en la página web institucional, en la lista de autoridades figura un exdiputado UDI: Gonzalo Arenas, que representó al extinto distrito 48 de La Araucanía entre 2006 y 2014 y que hoy trabaja como director de la Escuela de Derecho en Santiago.
Con la caída de la carta de Herrera, la Corte Suprema debe completar en los próximos días una lista de cinco personas para que el presidente Gabriel Boric elija a una y el Senado apruebe o rechace la llegada del escogido al cargo, para lo cual dos tercios de los parlamentarios deben visar el nombre.
