La Cámara Baja comenzó la tramitación de un proyecto de ley que busca establecer que todos los celulares y dispositivos inalámbricos comercializados en Chile ocupen el mismo cargador. Un proyecto similar fue aprobado en la Unión Europea y comenzará a implementarse en 2024.
En los últimos días, la comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara Baja comenzó a tramitar un proyecto de ley que establece un cargador universal para todos los celulares comercializados en Chile.
El proyecto fue presentado en abril de este año por diputados de la UDI y su objetivo es que todos los celulares y dispositivos electrónicos inalámbricos (como tablets, audífonos, relojes inteligentes, entre otros) puedan utilizar un mismo cargador.
Al respecto, Cristóbal Martínez, uno de los parlamentarios que impulsó la iniciativa, destacó el comienzo de la tramitación. Y agregó que esta medida no sólo es útil para los usuarios, sino que contribuye a disminuir la contaminación electrónica.
“Esta iniciativa no sólo fue pensada con el ánimo de simplificar la vida de las personas que utilizan celulares o dispositivos electrónicos, sino que también para contribuir con el medio ambiente,porque somos uno de los países de Latinoamérica que más contaminación generamos”, explicó Martínez.
Reacciones a la tramitación del proyecto
Durante la última sesión que realizó la comisión de Ciencias y Tecnología, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, expuso que “hemos analizado (la iniciativa) y nos parece un muy buen proyecto que esperamos sea aprobado”.
Sin embargo, manifestó dos inquietudes técnicas para su implementación. Respecto al tipo de conector y la eventualidad de que no todos los dispositivos permitan dicho cargador.
Mientras que desde la SEC, la superintendenta Marta Cabezas, señaló que el rol de la institución será fiscalizar la seguridad de los cargadores que se autoricen. Como también solicitar que la entrada sea gradual para no impactar a los mercados.
Cabe mencionar, que el proyecto de ley tuvo como origen otra iniciativa, que fue aprobada en la Unión Europea y que comenzará a implementarse en septiembre de 2024.
