Mientras se sostienen conversaciones clave en el oficialismo, el comité del Senado ya puso fecha de trámite para una nueva herramienta de despliegue militar: el proyecto de infraestructura crítica.
Este martes las salas de la Cámara de Diputados y del Senado buscarán votar la extensión por 15 días del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la Macrozona Sur.
De recibir la luz verde, la militarización del sur del Bío Bío y la región de La Araucanía se prolongará hasta el 30 de junio.
Esta jornada se desarrolla un debate legislativo profundo enfocado a las soluciones de fondo, aunque también se discute en un tema urgente: el apellido de “acotado” que ha tenido hasta el momento el decreto presidencial.
Hasta hoy, el Estado de Excepción apunta solamente a la presencia militar en rutas centrales.
En la centroderecha la postura mayoritaria es que la medida se debe robustecer.
“Esas cifras (42% de reducción de hechos violentos anunciado por la ministra Izkia Siches) podrían mejorar considerablemente si fuera un Estado de Excepción completo, con plenas facultades para nuestras Fuerzas Armadas y policías. Mantenerlo en las condiciones que está no va a mejorar los números”, zanjó la diputada Camila Flores (RN).
Las ronchas que saca el Estado de Excepción en el oficialismo
Hasta este lunes parece haber un entendimiento entre el Gobierno y el oficialismo.
Es decir, el bloque completo podría apoyar la extensión con un respaldo de la mayoría del Frente Amplio más el Partido Comunista e independientes.
Eso sí el objetivo central es que, de aprobarse, siga siendo acotado, sin más atribuciones para las fuerzas militares, y nuevamente enfocado solamente en las rutas.
Justamente ese fue el fundamento con el cual la idea se presentó en primera instancia: para asegurar el transporte y el abastecimiento del sur.
El segundo elemento presente en las tratativas tiene que ver con lo que se puede hacer con la declaratoria: que aprobar una nueva prórroga sirva para que el Gobierno pueda llevar elementos del Plan Buen Vivir a la zona, como restitución de tierras y la llegada de recursos del MOP para infraestructura, como agua.
A eso se suma la idea de crear un Ministerio de Pueblos Originarios y el parlamento indígena que se podría llevar a cabo, con apoyo internacional.
Plazos
Los plazos son la tercera parte de la conversación.
Desde Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez afirmó que el Estado de Excepción Constitucional no puede ser una medida permanente.
“Respecto de los plazos creo que no puede casarse con un plazo fijo en función de la evolución que se tenga sobre la implementación de las medidas de fondo”, partió.
“Hay consenso en que un Estado de Excepción es excepcionalísimo, coyuntural, no se puede mantener por mucho tiempo ni normalizarse en este proceso de diálogo”, agregó.
Pero desde la Democracia Cristiana (DC) ponen el énfasis en lo que falta.
Según dijo la diputada Johanna Pérez, ella espera que el Gobierno lleve “antecedentes al Congreso para que también analicemos que otras estrategias se están llevando a cabo”.
“No basta con el Estado de Excepción, no basta con la vía política”, agregó.
Proyecto de infraestructura crítica
En medio de esta discusión el Senado ya agendó para el 28 de junio analizar el informe de la comisión mixta por el proyecto de infraestructura crítica.
Este incluye el despliegue militar en casos particulares, como por ejemplo si una ruta o un establecimiento esencial no puede operar.
Luego de su revisión, y eventual aprobación, el proyecto debe pasar a la Cámara de Diputados.
Hasta esta edición, el Gobierno todavía no se hace parte de la tramitación de esta iniciativa.
