La Asociación de Farmacias Independientes de Chile, presentó una querella por los delitos de cohecho y soborno en el marco de la tramitación de la ley Fármacos 2, acusando que la asesora de algunos senadores recibió pagos por parte de laboratorios cuando cumplía dicha función.
Una querella por los delitos de cohecho y soborno presentó la Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI) en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, esto ante presuntas irregularidades en la en la tramitación legislativa del proyecto de ley Fármacos II.
Lo anterior, luego que se diera a conocer que la abogada Andrea Martones, quien actuaba como asesora de algunos parlamentarios de oposición, al mismo tiempo participaba en la redacción del proyecto, recibía pagos -que superaron los $16 millones- de una de las partes interesadas, correspondiente al gremio de laboratorios internacionales.
Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, precisó que “la Comisión Mixta de Salud, si bien conoció que la asesora legislativa había recibido pagos por una parte interesada del proyecto, decidió continuar con la discusión del proyecto vertiginosamente, lo que nuestro juicio resulta inaceptable ya que existe un evidente conflicto de interés. Si esta ley está viciada, Chile y en especial los consumidores tienen derecho a saberlo”.
En ese sentido, Rojas añadió que “esta regulación impone a las farmacias regulaciones sin sentido, sin beneficio para los consumidores, y lo peor constituye la sentencia de muerte para las farmacias independientes”.
“No podemos vender barato lo que seguiremos comprando caro. Nos parece que la salud de todos los chilenos merece una iniciativa legal transparente y que esté exenta de intereses y pagos ocultos en su diseño”, manifestó.
En concreto, la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, que agrupa a 300 farmacias a lo largo de Chile, decidió emprender la acción legal -que es patrocinada por el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo- porque aseguran que el proyecto actual beneficia en su redacción a una parte de la cadena de valor de los medicamentos, específicamente a los laboratorios.
Al respecto, Gajardo apuntó que existen los antecedentes suficientes “para sostener un posible cohecho y soborno ya que la factura se habría pagado el 2021 en paralelo a la discusión del proyecto”.
“Pese a que la Comisión Mixta conoció estos hechos, curiosamente el trámite de la iniciativa se aceleró, cuando lo lógico hubiera sido iniciar una investigación más acuciosa antes de continuar. Este tipo de sombras es las que queremos esclarecer con esta querella por cohecho contra quien resulte responsable”, añadió.
Finalmente, el exfiscal acotó que -a su parecer- es sumamente grave que “este hecho no haya sido declarado al momento en que esta asesora participó en el articulado del proyecto e indicaciones ya que lo prudente y ético hubiese sido declarar que en su calidad de experta asesoró a algunos laboratorios y abstenerse de una función pública como lo es la discusión del proyecto, ya que su mandante, los laboratorios, son parte interesada en el proyecto en trámite”.
