Nacionalizar empresas de explotación minera y caducar derechos de aprovechamiento de agua fueron dos de las polémicas normas que aprobó esta semana, en general, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención. Esta mesa de trabajo está compuesta por 19 integrantes, por ende, se requieren 10 votos para visar las propuestas. A continuación, los miembros y partidos políticos de esta comisión, además del detalle de las iniciativas aprobadas.
Esta semana, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención aprobó, en general, dos polémicas iniciativas de norma: nacionalizar las empresas de explotación minera y terminar con los derechos de aprovechamiento de agua.
Si bien tuvieron mayoría en esta instancia, deberán pasar a un texto sistematizado para que los constituyentes presenten indicaciones, es decir, pueden sufrir modificaciones.
Luego, lo que sea visado en esta segunda etapa será discutido en el Pleno del órgano y tendrá que cumplir con un quórum de 2/3 para quedar inscrito en el texto de la nueva Carta Magna. Finalmente, este documento deberá ser ratificado por la ciudadanía en un plebiscito obligatorio.
Integrantes de la comisión
La comisión está integrada por 19 constituyentes, por ende, las propuestas requieren de 10 votos favorables para ser aprobadas en general.
Está liderada por los coordinadores Juan José Martin (INN) y Camila Zárate (ex Lista del Pueblo).
Además de ellos, conforman la instancia Jorge Abarca (IND-PL), Gloria Alvarado (ex Lista del Pueblo), Rodrigo Álvarez (UDI), Victorino (Pueblo Mapuche), María Trinidad Castillo (IND), Bernardo Fontaine (IND-RN), Bessy Gallardo (IND-PRO), Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño), Isabel Godoy (Pueblo Coya) y Nicolás Núñez (FRVS).
Completan la lista Ivanna Olivares (ex Lista del Pueblo), Fernando Salinas (ex Lista del Pueblo), Constanza San Juan (ex Lista del Pueblo), Carolina Sepúlveda (INN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega (RN) y Carolina Vilches (IND-Comunes).
Las normas aprobadas en general
La primera controversia vino el martes de esta semana, cuando la mesa de trabajo aprobó una iniciativa que delega al Estado la dirección absoluta de la política minera en Chile.
En esa línea, se plantea la nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, que comprenderá “a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes”. Por esta razón, las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata al entrar en vigencia este proceso.
Esta situación fue criticada por sectores de Vamos por Chile y por el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, quien aseguró que se trata de una propuesta “naftalínica, trasnochada y anticuada” que no le hace bien a Chile.
Pero no todo quedó allí, ya que este jueves se visó la norma que busca terminar con los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981.
“Este proceso de restitución tendrá una duración máxima de 2 años a contar de la entrada en vigencia de la Constitución. En casos excepcionales, los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua que se caducan con la promulgación de esta Constitución serán susceptibles de ser indemnizados”, detalla uno de sus artículo.
Gremios agrícolas advirtieron que esta medida podría tener dramáticas consecuencias. “Es una pésima noticia que impactaría gravemente a más de 100.000 agricultores y regantes de los cuales, según clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII), más del 90% son pymes”, indicó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes.
