La magistrada Romy Rutherford encausó al militar (r) Mauricio Orlando Seguel Albornoz en la arista denominada “Agencias de Turismo”, por un fraude total que al día de hoy equivale a $16.669.647 por pasajes adquiridos para viajes de la institución castrense. Se resolvió el embargo de bienes por un monto total de $19 millones y el ingreso en prisión preventiva del procesado.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso al coronel (r) del Ejército, Mauricio Orlando Seguel Albornoz, por su responsabilidad en dos delitos de fraude al Fisco en el denominado Milicogate.
Estos ilícitos, relacionados a la adquisición de pasajes para viajes de la institución castrense, se habrían cometido entre el 14 de junio de 2012 y el 24 de julio de 2013.
La magistrada encausó al militar en retiro en la arista denominada “Agencias de Turismo”, por un fraude total que al día de hoy equivale a $16.669.647.
Por estos hechos, la ministra Rutherford ordenó el embargo de bienes por un monto total de $19 millones y el ingreso en prisión preventiva del procesado al Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén.
El perjurio específico de estas faltas corresponde a “a) $8.136.480 al 14 de junio de 2012; y b) $4.078.128 al 24 de julio de 2013, respectivamente y que considerado el valor de la época equivaldrían a una cantidad total de 306,742 UTM, que al día de hoy corresponden a $16.669.647”.
“A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 143 del Código de Justicia Militar, despáchese, en su oportunidad, mandamiento de embargo de los bienes del encartado, para satisfacer en forma suficiente el pago de los perjuicios, fijando el monto en la suma de $19.000.000”, agrega la resolución.
Consultado al respecto, el abogado de Seguel, Daniel Mackinnon, indicó que a su defendido se le otorgó hoy la libertad con una fianza de $500.000, la que será revisada la próxima semana por la Corte Marcial, añadiendo que, la próxima semana apelarán al procesamiento.
Cabe recordar que el denominado Milicogate tiene más de 30 aristas que están siendo indagadas por la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Entre los delitos que se investigan están malversación de caudales públicos, viajes irregulares y servicios inexistentes, entre otros, que tendrían su origen en el desvío de dineros desde la Ley Reservada del Cobre entre 2010 y 2014.
