Tras los proyectos que ha presentado la oposición para frenar el proceso de licitación que busca explotar hasta 400 mil toneladas de litio en el norte de Chile, el director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Jaime Phillips, dijo que "los proyectos de ley para frenar la licitación, me parece que no es la vía adecuada".
En relación a los proyectos que ha presentado la oposición para frenar la licitación del litio, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Jaime Phillips, indicó que estas iniciativas no son “la vía adecuada”.
El académico señaló que “la licitación del litio está sometida a la jurisdicción de los tribunales chilenos, por eso los interesados, participantes o terceros que se sientan agraviados pueden interponer acciones judiciales para, eventualmente, detenerla”.
Recordemos que la bancada del PPD ingresó un recurso de protección para frenar este proceso de licitación que busca explotar hasta 400 mil toneladas de litio en el norte de Chile, el que finalmente fue declarado inadmisible por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
“Respecto de los proyectos de ley para frenar la licitación, me parece que no es la vía adecuada. Los actos legislativos deben ser generales y abstractos, para efectos de regular de modo imparcial e igualitario que las situaciones ocurran a partir de su vigencia”, enfatizó el director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Jaime Phillips.
A esto agregó que “lo que sí cabría dentro de la naturaleza jurídica de la función legislativa, sería establecer reglas para futuros concursos o contratos sobre el litio”.
Licitación en curso
La Democracia Cristiana también presentó un proyecto de ley que “propone modificar el Código de Minería, mediante el cual se limite la posibilidad de celebrar adjudicaciones o contratos especiales de operación en los 90 días previos a la fecha en que se termina el respectivo Gobierno”.
Frente a esto, el abogado señaló que no le “parece conveniente que un proyecto de ley aprobado con posterioridad al llamado, suspenda una licitación en curso. En general la ley debe regir para el futuro y no respecto de hechos pasados”.
“Estamos hablando de una licitación en curso, pero no creo que sea bueno -de cara al prestigio de las instituciones-, que la licitación termine siendo suspendida de modo indefinido por una causa ajena a las bases aprobadas y a la legislación vigente al momento del llamado”, precisó el académico de la Universidad Finis Terrae.
Convención Constitucional y parámetros administrativos sobre el litio
Con respecto al rol de la Convención Constitucional sobre estos temas, el académico Jaime Phillips, dijo que este órgano “puede regular este tipo de asuntos” ya que la “Constitución vigente lo hace”.
Sin embargo, al profesor de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae “le parece importante que se regule no entrando en detalles que deben ser abordados por la legislación ordinaria, sino estableciendo las directrices generales que permitan articular de manera efectiva la consecución del bien común, el interés del Estado y la participación privada en este tipo de actividades”.
Así también indicó que “no hay que perder de vista que el aporte de privados en este tipo de actividades es muy relevante. Por ejemplo, en términos de aporte tecnológico, de sistemas productivos, experiencia y eficiencia”.
El académico en derecho cree que “más que pensar en un sistema de producción estatal o privado, me parece más realista pensar en modelos de colaboración que aseguren el interés nacional en este tipo de actividades que implican cómo se van a usar los recursos naturales nacionales”.
“En este sentido, se podría avanzar hacia un modelo de Estado que garantice que este tipo de actividades tributen al bien común, saliendo de la tensión entre un modelo de gestión exclusivamente privado o estatal”, concluyó Phillips.
