Mientras exdirectivos de la Universidad de La República siguen intentando detener el cierre del plantel, el Mineduc los denunció ante Fiscalía acusándolos de impedir el trabajo del administrador de cierre.
Exdirectivos de la Universidad La República señalaron que apelarán a la Corte Suprema, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara un reclamo de ilegalidad, que buscaba detener el cierre del plantel.
El fallo de la cuarta sala del tribunal de alzada capitalino se conoció el pasado 31 de diciembre y, de forma unánime, desechó la reclamación realizada por las exautoridades de la casa de estudios contra la Superintendencia de Educación Superior, luego que el organismo fiscalizador rechazara el plan de recuperación presentado por el plantel privado, solicitando su cierre al Ministerio de Educación.
En un comunicado, la exautoridades informaron a la comunidad que apelarán ante la Corte Suprema, reiterando “que el procedimiento estuvo lleno de ilegalidades y omisiones arbitrarias, que se alejaron de un debido proceso”.
Además, califican como “imprudente que encontrándose pendiente la tramitación del recurso, se insista en avanzar en el cierre” de la institución, asegurando que han “honrado el compromiso ético y legal con los estudiantes de continuar con las labores académicas para terminar el año 2021”, asegurando que presentaron al ministro de Educación, Raúl Figueroa, “un plan de inversión”.
El secretario de Estado señaló que los borradores de propuestas que presentó el plantel “no alcanza los estándares mínimos para revertir el cierre”, punto que también fue ratificado por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El ministro Figueroa informó ademá, que ingresaron una denuncia en la Fiscalía Centro Norte contra las exautoridades de la Universidad de La República, quienes estarían ejerciendo de manera ilegal sus cargos, no permitiendo el trabajo del administrador de cierre.
El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, sostuvo que es el mismo tribunal quien establece que “la universidad ya no cuenta con los recursos docentes y activos económicos, financieros y físicos necesarios, para ofrecer los grados académicos y títulos profesionales que pretende otorgar, revelando un deterioro sistémico e irreversible que a tornado inviable el proyecto educativo”.
Por tal razón, espera que las exautoridades de la Universidad de La República permitan el ingreso del administrador de cierre, Jaime Torrealba, quien tiene plazo hasta el 2026 para gestionar el plantel privado.
El superintendente Avilés agregó que “la institución se empecinó en presentar acciones judiciales y administrativas para detener el cierre, en vez de abocarse a lo importante, que es la continuidad de estudios” para los cerca de 3 mil 600 alumnos que tiene el plantel.
