Tribunal acredita vulneración de Seremi de Salud a Sol Millakura y Fisco debe indemnizar a demandante

Amigos y cercanos de Sol Millakura, ex periodista de la Seremi de Salud de Valparaíso, realizaron la tarde del lunes una velatón en la avenida Brasil de la comuna puerto, a más de un año del juicio iniciado contra la institución, donde se acusó a la exseremi Lorena Cofré de prácticas transfobicas y de acoso laboral.

La acción judicial, ingresada en junio de 2025, cinco meses antes de su fallecimiento por suicidio, tuvo su sentencia en la víspera. El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso acogió de manera parcial la tutela laboral, confirmando que el Estado falló al no modificar de inmediato el nombre social y luego registral de Sol Millakura.

El tribunal ordenó al Fisco a pagar más de $14 millones a la familia de la periodista fallecida, reconociendo una discriminación por parte de la entonces Seremi de Salud.

Diego Olmos, abogado demandante en el caso Millakura, mencionó que la importancia del juicio era reconocer la vulneración de derechos contra Sol, situación denunciada luego de su desvinculación.

Por otra parte, el tribunal rechazó la acción de tutela respecto a las acusaciones de discriminación por identidad de género, acoso laboral y trato denigrante, además del término del vínculo como acto discriminatorio.

De igual forma, el Juzgado de Letras del Trabajo ordenó al Ministerio de Salud ejecutar la sentencia en un plazo de 120 días corridos, obligando a la institución a modificar sus protocolos para asegurar el uso y registro del nombre social de cada funcionario o funcionaria.

Cabe mencionar que Sol Millakura esperó más de 9 meses desde su ingreso laboral para obtener el reconocimiento de su nombre social.

En medio de la velatón realizada ayer, Radio Bío Bío pudo conversar con un amigo de Sol Millakura, quien apuntó directamente al Frente Amplio (FA), colectividad política que a través de su tribunal decidió absolver a Lorena Cofré.

De esta manera, en el marco del caso de Sol Millakura, el Fisco de Chile fue sentenciado al pago de más de $14 millones a la parte demandante, acreditando una vulneración de derechos y calificando como “ineficiente e inoportuno” el reconocimiento del nombre social y el nombre y sexo registral de la víctima.