Este jueves, la Convención Constitucional votó por una propuesta de declaración sobre los presos del denominado estallido social, definiendo cuál será la postura de la instancia sobre este tema.

La mesa directiva del órgano constituyente recibió tres documentos al respecto. El primero provino de un grupo conformado por constituyentes del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio e independientes. En tanto, el segundo fue elaborado por integrantes de la Lista del Pueblo y representantes indígenas.

Estos dos textos proponían diversos puntos para que se reconozca la “prisión política y militarización del Wallmapu”. Sin embargo, una tercera alternativa, planteada por constituyentes de la lista Vamos por Chile, estaba en contra de estas ideas y señalaba que “en Chile no existen presos políticos”.

En una primera instancia, ninguna de las propuestas alcanzó el quorum de 78 sufragios para ser elegida (52 votos para la primera opción, 49 para la segunda, 34 en contra y 16 abstenciones), por lo que se debió efectuar un segundo proceso de votación.

A través de aquel mecanismo, se escogió la primera declaración (PS, PC, FA e independientes) con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. Estos resultados demuestran que constituyentes de la Lista del Pueblo y representantes indígenas decidieron sumarse a esta propuesta.

Declaración de la Convención

La declaración aprobada, que lleva los nombres de 47 personas, afirma que la Convención “tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.

“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, consigna el escrito.

Por otra parte, se solicita máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto, el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata desmilitarización del Wallmapu y la implementación de una política de reparación a quienes sufrieron daños desde el 18 de octubre de 2019.

“Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, agrega el documento.

Elisa Loncon, presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, señaló que “dimos el tiempo necesario para que la gente hablara sobre este problema que tiene la democracia chilena, que es los presos políticos dela revuelta y los presos políticos del Wallmapu”.

“Finalmente, con voto mayoritario, terminó adoptando una declaración de posicionamiento político”, añadió la doctora en Humanidades y Literatura.

Por su parte, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, sostuvo que “siempre he dicho que tenemos que respetar el ejercicio de las competencias del poder constituido, pero también tenemos el derecho de expresar las opiniones y las posturas políticas que surjan de un espacio tan complejo y tan representativo como éste”.

Sobre las críticas que se han levantado desde los constituyentes de Vamos por Chile al funcionamiento de la Convención, el abogado afirmó que “todos han tenido el uso de la palabra en igualdad de condiciones, con los criterios de inclusión y paridad que hemos determinado desde la mesa”.