Este fin de semana, constituyentes del Partido Comunista solicitaron la salida del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, por las presuntas violaciones de derechos fundamentales “sin sanción” durante el denominado “estallido social” de 2019.
“Sus decisiones contravienen los principios de dicho organismo en tanto defensa y promoción de los Derechos Humanos. Su actitud pone en riesgo la integridad de las personas y promueve la impunidad”, señalaron.
A estas críticas se sumaron diversas instituciones, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, el Grupo Iniciativas por la Libertad de las Presas y Presos de la Revuelta y otras.
A través de un comunicado, instaron a la Convención Constitucional a que modifique el estatuto legal del INDH y sostuvieron que “la forma de integración de su Consejo -su órgano máximo-, ha facilitado el incumplimiento de su mandato legal instituido en la Ley 20.405, particularmente en el marco de la revuelta social, período en el que se han violado en forma grave, masiva y sistemática los derechos humanos en nuestro país”.
En primer lugar, se acusa al actual director del organismo, Sergio Micco, de “relativizar las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que se estaban produciendo” en el marco del estallido social.
En segundo término, se asevera que “el INDH no ha interpuesto ninguna denuncia o querella por crímenes de lesa humanidad respecto a los graves ataques sistemáticos y generalizados sufridos por la población civil, a raíz de las manifestaciones llevadas a partir del 18 de octubre de 2019”.
Asimismo, dicen que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha hecho abandono de sus funciones, toda vez que no ha accionado judicialmente en todas las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos y lo que es más grave aún, no considerando su propia legislación, atribuciones y mandato”.
También, los organismos firmantes denuncian una falta de claridad con respecto a la metodología utilizada en la identificación de casos de traumas oculares y una falta de información en relación a los “criterios utilizados para definir los tipos penales en las querellas presentadas por delitos de violencia institucional, tal como lo denunció Londres 38 en marzo del presente año”.
“No ha existido otra acción más que la imputación de delitos comunes asociados a violencia institucional, lo cual denota un grave incumplimiento por parte del Consejo del INDH, de su mandato institucional”, agregan con respecto a este punto.
Finalmente, aseguran que el Instituto Nacional de Derechos Humanos debía enviar informes a distintos órganos del sistema de Naciones Unidas sobre cómo Chile cumple o no con los tratados internacionales que ha suscrito en temas de DD.HH, pero que no lo ha hecho en forma oportuna.
“Este año correspondía elaborar dos reportes previos al examen final y periódico que rinde el país ante el sistema multilateral, el que debía enviar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo plazo vencía el 1 de febrero y el que debía entregarse en marzo, al Comité Contra la Tortura (CAT)”, dicen.
