Diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chile se mostraron preocupadas ante el nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras llevado a cabo el pasado 6 de junio.
En particular, se trata de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Las organizaciones afirman que, al llevarse a cabo el proceso de expulsión durante el fin de semana, se limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas tenían un recurso de amparo pendiente se resolución.
Asimismo, señalan que en algunas casos no se tuvo en consideración la situación humanitaria y de vínculos familiares que tenían los migrantes expulsados.
El subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, sostuvo que el último fin de semana hubo 20 personas expulsadas por órdenes de tribunales y con condenas por delitos graves, mientras que 36 fueron por decisión administrativa y que fueron notificadas en días hábiles, incluso algunos hace meses.
Reconociendo y respetando la soberanía del Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso al territorio, las agencias hicieron referencia a la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los DD.HH y de los refugiados.
Cabe mencionar que en el contexto de pandemia por covid-19, un grupo de expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes.
Las agencias resaltan que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad.
En la misma línea, dicen que resulta esencial que el Estado cuente con procedimientos que garanticen la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña o adolescente en las expulsiones de padres, madres y/o cuidadores, considerándose preservación de la unidad familiar como un estándar de la mayor relevancia para tales efectos.
Las organizaciones de la ONU consideran que los procesos de expulsión en donde se mezclan tanto personas con órdenes de expulsión administrativas como judiciales, requieren un protocolo de gestión diferenciado. A su vez, la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia y discriminación en las comunidades de acogida al asociar a las personas expulsadas por faltas administrativas con la comisión de delitos.
Finalmente, las agencias firmantes reiteran su máxima disposición para colaborar con las autoridades en este asunto.
