Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que Chile debe detener los procesos de expulsiones colectivas de inmigrantes, ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación, de acuerdo a las normas y estándares internacionales de DD.HH.
“Las deportaciones de migrantes no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, afirmó el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
Según consignan, desde el pasado mes de febrero, Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin realizar previamente una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona y sin poder solicitar protección de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.
El último se estos incidentes tuvo lugar el pasado 25 de abril, cuando 55 personas migrantes procedentes de Venezuela habrían sido expulsadas de manera colectiva desde el aeropuerto de Iquique. Antes de su expulsión, muchas de estas personas habrían permanecido detenidas, en situación de incomunicación y sin acceso a asistencia legal.
“En ausencia de una evaluación individual de las necesidades de protección y del riesgo de daños irreparables de cada migrante antes de su deportación aumenta el riesgo de que se produzcan nuevas violaciones de los Derechos Humanos, incluida la del principio de no devolución”, explicó González.
El principio, que recoge la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, además de otros tratados internacionales de DD.HH, se aplica a cualquier tipo de expulsión independiente de la nacionalidad o situación migratoria de las personas.
“La detención por causas de inmigración solo puede justificarse excepcionalmente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más corto posible, y debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”, especificó el experto.
El relator también considera “indispensable que se cumpla con las garantías del debido proceso” y que se garantice a los migrantes disponer de “acceso efectivo a la justicia para presentar reclamos contra un orden de deportación”. Además, que se les permita permanecer en el país mientras se resuelve el fundamento de estos reclamos.
Tanto Felipe González como el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU han llamado previamente a los gobiernos a considerar una suspensión temporal de las deportaciones o devoluciones forzadas de migrantes en el contexto de la pandemia por covid-19, ya que, sin las debidas precauciones de salud y seguridad, pueden poner en peligro a los migrantes.
Además de este experto, se sumaron al llamado Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Leigh Toomey (presidenta), Elina Steinerte (vicepresidenta), Mumba Malila, Miriam Estrada-Castillo y Priya Gopalan, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
