El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso cuatro querellas por los delitos reiterados de otorgamiento de licencias médicas falsas y la obtención fraudulenta de subsidios por incapacidad laboral, entregadas a usuarios del Fondo Nacional de Salud.
En concreto, esta acción está dirigida contra cuatro médicos de la región Metropolitana y contra quienes resulten responsables de los delitos cometidos. Los acusados registrarían más de 3 mil licencias médicas emitidas en un año, cifra que supera los rangos promedio que existen en el país, que es de 105 licencias anuales por profesional.
Estos presuntos delitos ocasionan un perjuicio al Fisco, ya que los subsidios entregados fueron financiados, en su mayor parte, con recursos del Estado.
Sobre estas acciones, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, señaló que “como institución valoramos el trabajo conjunto con otras entidades del Estado, como Fonasa en este caso, que nos permitan presentar o hacernos parte en acciones judiciales ante casos de evidente fraude al Fisco, porque cada peso que se desvía del Estado, producto de un delito como los cometidos por los médicos querellados, significa el desmedro de una política social o de una política pública que ayuda a los más vulnerables y eso no lo podemos permitir”.
Cabe señalar que entre 2018 y 2019, Fonasa y la Subsecretaría de Salud Pública interpusieron 41 acciones judiciales contra profesionales de la salud que han hecho un mal uso del subsidio de incapacidad laboral, con un perjuicio económico para el Fisco estimado en $24.000 millones.
Para evidenciar la magnitud de este caso, un Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad de la Atención Primaria tienen un costo aproximado de $700 millones, lo que es el equivalente a un año de licencias fraudulentas de un médico.
Por su parte, el director nacional de Fonasa, Marcelo Mosso, afirmó que “la licencia es un derecho del trabajador y debe ser usado con responsabilidad. Fonasa es el garante de los recursos del Estado y desde su rol debe recaudar, administrar y distribuir los recursos financieros del sector salud”.
“Este mal uso de los recursos impacta directamente en las personas, ya que los montos, que podrían destinarse a un mejor cuidado de los pacientes y aportar realmente a las necesidades sanitarias del país, terminan financiando días de reposo que resultan sospechosos o fraudulentos, desviando los recursos fiscales de las prioridades a nivel país”, agregó.
Finalmente, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que “la emisión de licencias médicas fraudulentas nos parece un acto inaceptable, ya que estamos frente a un mal uso de los recursos públicos, recursos que son de todos, de Fonasa y de las personas más vulnerables. Es importante que las querellas sigan su curso y que, cuando sea pertinente, se apliquen las penas más altas según indique la ley”.
