El exdiputado Gustavo Hasbún ingresó una solicitud de pronunciamiento a Contraloría por los gastos en celebraciones de las municipalidades de Copiapó y Coquimbo durante 2025, luego de que aparecieran por ese año a la cabeza de un listado elaborado por el órgano de control. Los municipios apuntados cuestionaron la credibilidad del exparlamentario, al que trataron de “polemista” y de intentar enlodar la labor municipal.
La solicitud fue ingresada a Contraloría por Hasbún, representado por los abogados Gustavo Ávila y David Ovalle. El escrito apunta a los gastos de los dos municipios que más desembolsaron por celebraciones en 2025, según la misma Contraloría.
El 6 de abril, el órgano de control dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada Nº 22. El documento daba cuenta de las casas edilicias que más habían gastado en celebraciones en 2024 y 2025.
Copiapó y Coquimbo lideraron durante el año pasado, con $338 millones y $293 millones respectivamente.
Por ello, el exdiputado Hasbún solicitó a Contraloría que emita un pronunciamiento jurídico y disponga medidas de fiscalización sobre los pagos realizados por ambos municipios por celebraciones. Según detallaron desde su equipo de abogados, el requerimiento fue acogido a trámite este lunes.
Determinar irregularidades
El requerimiento hace hincapié en que la magnitud de los desembolsos hace que no sean “menores o episódicos, que pudieran pasar desapercibidos”. En ese sentido argumenta que se trata de “decisiones presupuestarias de suficiente entidad como para reclamar un estándar particularmente riguroso”.
En su consolidado, Contraloría no contempló las fiestas que consideró “relevantes” y de “carácter transversal”. Así, quedaron fuera del análisis los aniversarios comunales, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y Día del Funcionario Municipal.
Debido a esto, el requerimiento manifiesta que, al menos preliminarmente, estas “situaciones podrían comprometer el correcto uso de recursos fiscales”, por lo que se justifica que Contraloría determine “la existencia de eventuales irregularidades y las responsabilidades que de ellas pudieran derivarse”.
En concreto, la solicitud apunta a dos hipótesis. Por un lado, que no esté suficientemente justificado el interés municipal de las actividades y, por otro, que existe una “debilidad del soporte documental, presupuestario o administrativo que respalde la decisión del gasto”.
Además de determinar la legalidad de los gastos acorde a la probidad administrativa y la correcta administración de los recursos públicos, se pide disponer medidas de fiscalización, procedimientos disciplinarios y responsabilidades patrimoniales que se consideren pertinentes.
Hasbún apunta a posibles delitos
“Estamos seguros de que tanto en el municipio de Copiapó como en el municipio de Coquimbo no sólo hay problemas con las rendiciones, sino también con la adjudicación de los contratos que podrían revestir características de delito”, señaló Gustavo Hasbún a la Unidad de Investigación de Bío Bío.
Por su parte, desde el equipo de abogados, Gustavo Ávila explicó que el requerimiento no apunta contra la posibilidad de una municipalidad de realizar actividades comunitarias o culturales, sino a “si es legítimo destinar cientos de millones de pesos de recursos públicos a celebraciones cuya justificación normativa y finalidad pública no aparecen suficientemente acreditadas”.
“Lo que hemos pedido a Contraloría es que determine si estos gastos se ajustaron al principio de probidad y a la correcta administración del patrimonio público, o si por el contrario estamos frente a un uso improcedente de recursos que debe generar responsabilidades”, manifestó Ávila.
El legista también detalló que no se presentó el requerimiento por otros municipios mencionados en el consolidado, porque a pesar del gasto elevado, proporcionalmente representan partes menores del presupuesto.
Mientras Copiapó y Coquimbo lideran en 2025, según el listado de Contraloría en 2024 Vitacura, Alto Hospicio y Padre Las Casas tuvieron gastos mayores, con $543 millones, $401 millones y $390 millones, respectivamente.
Municipios apuntan contra Hasbún
La Unidad de Investigación de Bío Bío contactó a los municipios de Copiapó y Coquimbo para conocer su versión sobre este tema y el requerimiento presentado por Gustavo Hasbún.
Desde el municipio de Copiapó enviaron a este medio una declaración en la que aseguraron que cumplieron con “todos los procesos de compras rigiéndose bajo el estricto cumplimiento de la Ley de Compras Públicas”. Argumentaron también que durante 2025 la inversión social del municipio superó los $5.000 millones, lo que equivale “a cerca del 7% del presupuesto municipal”.
“Copiapó no supera el promedio nacional de gasto per cápita en esta materia [las celebraciones]. La capital regional gastó en el 2025 un monto de $2.048 por persona, mientras el promedio nacional alcanzó los $9.064, lo que permite dimensionar adecuadamente las cifras, el monto per cápita gastado en eventos en Copiapó está muy por debajo de la media nacional”, aseveraron.
Además, cuestionaron directamente al exdiputado Hasbún, de quien manifestaron que “tiene un historial de controversias que debilitan su credibilidad pública y su actuar sólo busca enlodar gestiones municipales que trabajan día a día por las personas más vulnerables”.
En tanto, desde el municipio de Coquimbo enviaron una declaración a nombre de su alcalde subrogante, David Díaz, quien igualmente señaló que han cumplido con todas las disposiciones normativas. Según dijo, estos gastos no sólo representan “menos del 0,5% del presupuesto municipal para ambos años (2024 y 2025), sino que también se encuentran muy por debajo de lo invertido en aportes sociales, con más de $1.700 millones (…) sólo en 2025 y sólo considerando recursos propios”.
“Estos eventos han permitido que nuestros vecinos y los turistas que nos visitan accedan a eventos de gran calidad, que de lo contrario no podrían costear. Implican fomentar la cultura, potenciar el fomento productivo, reconocer a artistas locales a los que se les remunera como corresponde”, comentó Díaz.
El edil subrogante añadió que Coquimbo se encuentra entre los diez municipios más transparentes del país y que si la Contraloría acoge a trámite el requerimiento van a poner a disposición “todos los antecedentes que sean necesarios para aclarar una denuncia que claramente no tiene sustento”.
“Debemos ser, además, francos sobre el origen de esta presentación. El señor Hasbún no ostenta cargo público ni representación institucional alguna. Es un polemista convertido en comentarista de redes sociales que enfrenta su propio historial de cuestionamientos públicos —investigaciones por cohecho y tráfico de influencias, querellas por estafa en su contra—, ampliamente documentados por la prensa nacional. (…) No es una voz seria en materia de probidad y no merece ser tratada como tal”, cerró Díaz.
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