Este domingo el Gobierno ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto de segundo retiro de un 10% de los fondos de pensiones.
La Moneda argumentó que “algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”.
Actualmente el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado y este miércoles será revisado en la Sala de esa Corporación.
En este escenario, durante este lunes el presidente de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el socialista Alfonso De Urresti, solicitó formalmente a la Mesa hacerse parte del requerimiento para defender la legitimidad de la tramitación del segundo retiro.
“(…) es absolutamente una falta de deferencia con la tramitación legislativa respecto de un proyecto de ley que ha sido debidamente tramitado”, remarcó el senador del PS.
“Pido formalmente que sea la Mesa del Senado que se haga parte y sometamos eso a discusión y a votación para formar parte de la discusión de este proyecto en el Tribunal Constitucional”, añadió De Urresti.
Al respecto, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, aseguró que se harán parte del requerimiento.
“Nosotros nos vamos a hacer parte en el procedimiento ante el Tribunal Constitucional donde haremos presente que el Congreso tiene las atribuciones para despachar este proyecto y que este no infringe ninguna norma constitucional”, remarcó Quinteros, asegurando que van “a defender las prerrogativas que tiene el Congreso”.
En paralelo, hoy se conoció que el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, ingresó una presentación al TC -representando a la bancada de diputados DC- buscando que se declare incompetente el requerimiento que ingresó el Ejecutivo para frenar el segundo retiro.
En el documento los diputados falangistas argumentan que se trató de una reforma constitucional que cumplió con el quórum que se requería, añadiendo que la decisión de La Moneda dinamita la poca gobernabilidad que le queda al Ejecutivo en nuestro país.
