A través de una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Unión Demócrata Independiente (UDI) le solicitó a la jefa del ente, la expresidenta Michelle Bachelet, que emita un pronunciamiento oficial acerca del proyecto de Ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia y sancionar el negacionismo de las atrocidades cometidas por agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Apelamos a usted, en cuanto a su cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos, y especialmente en atención a su historia personal, para que alce la voz por el valor de la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de cátedra, reconociendo en estos derechos la dignidad de la persona humana como un bien superior y anterior al Estado, y emita un pronunciamiento oficial en esta materia”, escribieron.
El documento fue redactado y firmado por los diputados María José Hoffmann, jefa de la bancada gremialista en la Cámara; y Gustavo Sanhueza, el número dos de esa instancia parlamentaria.
Este miércoles 23 de septiembre, la Sala de la Cámara despachó al Senado el proyecto, aunque con algunas modificaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
Finalmente, de allí salió sin las normas sobre incitación a la violencia física ni las referidas a la incitación al odio, como tampoco la modificación a la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, pero sí con aquella que castiga el negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1973 y 1990.
Por eso, Hoffmann y Sanhueza decidieron acudir a ente mundial para mostrar su molestia con que “la izquierda” quiera impulsar leyes que afectarán derechos que son anteriores al Estado e innatos de los ciudadanos, como la libertad.
“Nos referimos en este caso al bullado proyecto de ley que sanciona el ‘negacionismo’. Si bien a través de tres artículos – con dudosa técnica legislativa – viene a tipificar y sancionar la conducta de quienes incurran en actos constitutivos de incitación a la violencia física, incitación al odio y negacionismo, comete un importante acto de restricción de derechos constitucionales de libertad, de forma desproporcionada, en pos de una verdad histórica que, innegable, no constituye por sí misma un bien jurídico”, lanzaron.
Pese a que ambos diputados dijeron admitir que el régimen de Pinochet fue una dictadura, dejaron en claro pensar que “memoria o verdad histórica no son bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico”.
“Es más, aún cuando la verdad histórica resulte evidente, una regulación de este tipo viene a limitar uno de los ejercicios más básicos y propios del ser humano: el pensamiento crítico y la libertad de expresión que reconoce, incluso, el derecho a la natural disidencia, libertades que – en cuanto a derecho constitucionales – son superiores”, añadieron.
Por ello es que llamaron a no “coartar derechos constitucionales (…) ante un grupo de izquierda que busca condicionar el pensamiento de los hombres libres”.
De esta forma, afirmaron que “temen” por la “prensa libre, por la prensa independiente, por los profesores y sus cátedras, por el llamado a la reflexión y por el pensamiento crítico ante hechos históricos”.
A modo de concluir su carta, los parlamentarios también dijeron temer por los juicios y antejuicios a los que podrían exponerse las personas si es que este proyecto viera la luz, y manifestaron su preocupación por “la transgresión al fuero interno y a las conductas inhibitorias que pueda llegar a traer una ley como esta”.
